Un juzgado de Vigo ha declarado nulo el contrato de una joven a la que pasaron los fondos de una cartilla infantil a participaciones preferentes. Así, la entidad ha sido condenada a devolver 1.860 euros más intereses.

La sentencia, que es firme, destaca que no se ha apreciado "motivo ninguno para pensar" que la joven o su madre (que fue la que en su nombre, en 2005, contrató el producto) "presentaran la experiencia inversora suficiente como para concluir que el error hubiera sido fruto de su propia negligencia o desatención", pues se trata de un producto "complejo".

Asimismo, destaca que "no habría de extrañar" que la denunciante y su madre "pudieran acabar confundiendo el producto con algo parecido a un depósito a plazo, del que las participaciones preferentes se diferencian de forma sustancial, pero cuyos elementos diferenciales no fueron adecuadamente puestos de manifiesto por la entidad bancaria".

De hecho, indica que no quedó constancia de que se les hubiera hecho hincapié en "los riesgos que suponía esta operación que, indudablemente, debería ser calificada de alto riesgo".

Así, al declarar nulo el contrato, obliga a Novagalicia Banco a "devolver a la demandante la cantidad de 1.860 euros, con los intereses" y "sin que haya lugar a operar la compensación" a la entidad "en relación con las cantidades cobradas por la demandante en concepto de remuneración durante la vigencia del contrato".

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Este decreto incluye las normas del arbitraje de los casos de afectados por las preferentes.

Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, este arbitraje incluirá un procedimiento rápido para "los colectivos especialmente vulnerables". Ha asegurado que la solución que introduce el decreto a través del arbitraje es rápida y eficaz, y ha pronosticado que permitirá a muchos de los afectados recuperar sus ahorros y que este tipo de casos se repitan en el futuro.

Para ello, se crea una comisión de seguimiento que se reunirá por primera vez el próximo miércoles y que definirá los criterios que deberán cumplir los afectados por una comercialización engañosa de estos productos para poder acogerse al arbitraje, incluyendo los de estos colectivos "especialmente vulnerables".

Tendrán prioridad, según De Guindos, los afectados con menor nivel de ingresos, de edad avanzada en el momento de la contratación, con especiales cargas familiares, que carecieran de experiencia o formación financiera, o que tengan una mayor proporción de los ahorros invertidos en estos productos. También se permitirá acudir al arbitraje a los titulares de preferentes de Bankia que fueron obligados a canjearlas por acciones a principios de 2012.