El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves el decreto ley de Protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero con el voto de PP, CiU, UPN y Foro Asturias, y la abstención del PNV. Este decreto incluye las normas del arbitraje de los casos de afectados por las preferentes.

Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, este arbitraje incluirá un procedimiento rápido para "los colectivos especialmente vulnerables". Ha asegurado que la solución que introduce el decreto a través del arbitraje es rápida y eficaz, y ha pronosticado que permitirá a muchos de los afectados recuperar sus ahorros y que este tipo de casos se repitan en el futuro.

Para ello, se crea una comisión de seguimiento que se reunirá por primera vez el próximo miércoles y que definirá los criterios que deberán cumplir los afectados por una comercialización engañosa de estos productos para poder acogerse al arbitraje, incluyendo los de estos colectivos "especialmente vulnerables".

Tendrán prioridad, según De Guindos, los afectados con menor nivel de ingresos, de edad avanzada en el momento de la contratación, con especiales cargas familiares, que carecieran de experiencia o formación financiera, o que tengan una mayor proporción de los ahorros invertidos en estos productos. También se permitirá acudir al arbitraje a los titulares de preferentes de Bankia que fueron obligados a canjearlas por acciones a principios de 2012.

Estos procedimientos, ha explicado, evitan a los clientes perjudicados "un proceso judicial largo y costoso" y contribuirán a que "un porcentaje elevadísimo" de las 300.000 personas afectadas logren una solución.

La solución del Ejecutivo pasa por aceptar un canje de preferentes por acciones aceptando una quita y, posteriormente, acudir a Bolsa o al Fondo de Garantía de Depósitos para recuperar la liquidez de sus títulos a precio de mercado. No obstante, quienes puedan demostrar que fueron estafados podrán acudir al arbitraje para optar a recuperar la totalidad de su inversión.

Para que el fondo de garantía pueda hacer frente a esta nueva obligación, el decreto incluye una derrama extraordinaria de las entidades financieras de entre 1.500 y 2.000 millones de euros. El 40% de la contribución se deberá hacer en los primeros 20 días del año próximo y el 60% restante, en un plazo máximo de siete años desde entonces, de acuerdo con el calendario de pagos que fije la comisión rectora del fondo, que también podrá decidir deducciones para las entidades nacionalizadas, para las que tienen balances inferiores a los 5.000 millones de euros o para las que hayan hecho aportaciones al Sareb.

Con relación al 'banco malo', el decreto también "completa el régimen de transmisión de activos" y "clarifica la situación en que quedaría si una entidad bancaria que transmita activos entra en concurso de acreedores".

Tras un largo debate de casi tres horas, los 'populares' han conseguido recabar el respaldo de los nacionalistas catalanes y también de Foro Asturias y UPN, con los que han sumado 186 votos frente al rechazo de los 114 diputados de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y la mayor parte del Grupo Mixto. Los diputados del PNV han optado por la abstención.

Los 'populares' han rechazado la petición de que el decreto se tramitara como proyecto de ley para introducir modificaciones, solicitud que sí han respaldado el resto de grupos de la oposición.

Los partidos que se han opuesto al decreto de Preferentes critican fundamentalmente que se aplique una quita a los pequeños ahorradores en lugar de devolvérseles la totalidad de su inversión. UPyD ha anunciado incluso que presentará una querella criminal en la Audiencia Nacional contra todos los que "comercializaron, promovieron, estimularon la comercialización y miraron para otro lado" sin darse "por enterados" ante esta "estafa".

La sesión ha comenzado con polémica. Una veintena de afectados por las participaciones preferentes que se encontraban en la tribuna de invitados han sido expulsados del hemiciclo por el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, después de que increparan y profirieran insultos contra los diputados del PP.

Mientras se debatía en el pleno el decreto, varios de los afectados que asistían al debate han coreado consignas como "Queremos ya nuestro dinero" justo antes de que interviniera el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte.

El presidente del Congreso ha ordenado que fueran desalojados de la tribuna tras escucharse algunos insultos graves y ha pedido a los servicios de seguridad que "tomaran nota" de los autores. La Policía ha identificado a todos los manifestantes y ha denunciado a dos de ellos por insultos y alteración grave del orden, según  fuentes de la Presidencia de la Cámara.