El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha negado este miércoles "tajantemente" que su departamento haya ordenado a la Policía que como norma general prohíba los escraches a menos de 300 metros de domicilios de políticos, ya que la distancia de seguridad dependerá de la ubicación exacta de cada vivienda.

"No se ha adoptado ninguna medida que diga que se ha establecido un perímetro de seguridad de 300 metros, eso como ministro lo desmiento", ha recalcado Fernández Díaz en los pasillos del Congreso. Esta mañana, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, había asegurado que el Ministerio del Interior daría instrucciones a la Policía Nacional para proteger a los cargos públicos de los escraches y que se aplicaría "el mismo criterio" que la Ertzaintza, que fija una distancia de seguridad 300 metros.

Horas más tarde en el Congreso, el titular de Interior ha explicado que la orden dictada a la Policía es que aplique las "medidas operativas" necesarias para garantizar derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, pero ha insistido en que en ningún momento se ha marcado una perímetro concreto de seguridad.

"En algunos supuestos hablar de 300 metros no tiene ningún sentido, es absurdo (...) En algunos casos serán 300 metros y en otros 30", ha subrayado. Fernández Díaz ha reiterado que no es posible establecer a priori distancias de seguridad en las inmediaciones de los domicilios de políticos y que la orden de Interior es que sean los mandos operativos de las fuerzas de seguridad los que definan el límite en cada caso de forma proporcionada.

Preguntado si con esta decisión se está vulnerando el derecho fundamental de reunión, el ministro del Interior ha recordado que la ley también obliga a los convocantes a comunicar la concentración a la Delegación del Gobierno, cosa que "en ningún" escrache se ha producido.

"La ley de reunión se está violando flagrantemente en todos esos casos", ha advertido Fernández Díaz, que ha añadido que el Gobierno también tiene la obligación de garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio de cualquier ciudadano, así como el derecho a la intimidad personal y familiar.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado en los pasillos del Congreso que los escraches son acciones "contrarias a los principios democráticos" y ha defendido que se garantice que los parlamentarios "estén alejados de cualquier elemento de presión".

"Intentar que los diputados voten, no aquello que les han dicho los ciudadanos que les han votado sino aquello que pretende una minoría mediante una acción de carácter violento, a mí me parece que es absolutamente contrario a los principios democráticos", ha dicho Gallardón.

El titular de Justicia ha admitido que como miembro del Ejecutivo entra dentro de su responsabilidad asumir y escuchar las críticas de los ciudadanos, que tienen derecho a cuestionar la gestión del Gobierno y ha dicho que no "protesta" porque exista esa crítica a su gestión como ministro.

"Cosa muy distinta es cuando, no en mi condición de ministro de Justicia sino en mi condición de diputado, representante de aquellos madrileños que me han votado para que esté en esta Cámara, lo que se intenta no es criticar una decisión sino condicionar mi voto para una propuesta que vamos a tener que discutir en el Congreso", ha subrayado.