La Defensora del Pueblo no presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la medida del Gobierno de Canarias de rebajar el salario y la jornada laboral un 20 por ciento a unos 3.300 empleados públicos.

Según ha informado este viernes el propio Diputado del Común, la Defensora del Pueblo no ha estimado el recurso porque no le "corresponde" pronunciarse sobre estos asuntos, que deben ser defendidos por los "titulares" de la competencia.

Para la institución que preside Jerónimo Saavedra, la medida adoptada por el Ejecutivo —y derogada ayer jueves— introducía discriminación entre los trabajadores públicos y podía invadir competencias del Gobierno central.

La Defensora del Pueblo también ha desestimado una queja de un ciudadano residente en Canarias que le pedía que impugnase las medidas tomadas por el Gobierno central sobre la revalorización de las pensiones.

En su opinión, ya se han presentado recursos por parte de algunos grupos políticos, si bien ha recomendado al Ministerio de Empleo que "asuma el compromiso de compensar la pérdida de capacidad adquisitiva que vienen sufriendo las pensiones públicas en cuanto se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y no resulte necesario acudir al Fondo de Reserva".