El Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde este miércoles, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, mientras que el PP-A ha votado en contra, a la convalidación del decreto ley por el que se confirman todos los actos administrativos dictados en materia tributaria o de ingresos de derecho público por la Agencia Tributaria de Andalucía, durante la vigencia del decreto 324/2009, de 8 de septiembre, por el que se aprobó el Estatuto de este organismo.

El decreto ley no se tramitará finalmente como proyecto de ley, como había solicitado el PP-A, ya que PSOE-A e IULV-CA han votado en contra de ello.

Este decreto ley se produce tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 31 de mayo de 2012 por la que se declaró nulo de pleno derecho el decreto del Estatuto regulador de la Agencia Tributaria, al considerar que no se había dado audiencia en el procedimiento de elaboración de la norma al sindicato recurrente, según ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, durante su intervención ante el Pleno de la Cámara.

El decreto ley aprobado considera plenamente válidos y eficaces los actos producidos durante la vigencia del decreto de aprobación del Estatuto de la Agencia Tributaria, así como los que sean consecuencia o ejecución de aquellos, y asimismo confirmados, en cuanto adolezcan de cualquier vicio administrativo derivado de la nulidad de dicha norma.

Dicha confirmación no se extiende a los actos anulados por sentencia judicial o resolución administrativa, ni a los actos administrativos sancionadores, toda vez que en esos casos se mantiene lo establecido en el artículo 73 de la Ley 29/1998 que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

La sentencia del TS trajo como consecuencia muchos supuestos de reclamaciones administrativas que, tomando como base de su pretensión la nulidad de la norma marco organizativa de la Agencia Tributaria, reclamaron la anulación de los actos dictados al amparo del decreto 324/2009. Según la consejera, este decreto "representa un marco de seguridad para todos los operadores jurídicos y garantiza la defensa de los derechos de la Hacienda Pública".

El parlamentario del PP-A Rafael Salas ha señalado que la convalidación de este decreto ley es un monumento "a la soberbia, a la irresponsabilidad y a la pésima gestión del dinero de los andaluces". Ha reprochado que no haya habido ni un atisbo de autocrítica de la Junta ni una disculpa al sindicato que sufrió "el atropello" que se cometió con la aprobación del estatuto de la agencia. Salas ha señalado que este decreto responde "tarde y mal al varapalo" que le han dado a la administración autonómica tanto el TSJA como el Tribunal Supremo.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Antonia Moro ha expresado que han quedado bastante claras las razones y los motivos por los que el Consejo de Gobierno ha aprobado este decreto-ley, que obedece a una "necesidad, a una lógica y a una obligación". Ha indicado que el planteamiento que recoge el decreto está plenamente justificado y representa la obligación que tiene la administración autonómica de solventar una situación que puede afectar a la salvaguarda del interés general. Asimismo, ha señalado que no hay razones para poner en cuestión la actuación de la Agencia Tributaria, que ha cumplido de una manera responsable y eficaz la labor que le fue encomendada.

El diputado de IULV-CA Ignacio García ha expresado el apoyo de su formación al decreto ley, apuntando que "viene a resolver una posibilidad de inseguridad jurídica que nunca debe ocurrir". Ha valorado este decreto porque, en muchos casos, "amparándose en esa inseguridad jurídica, se pudiera facilitar determinada picaresca que no persiguiera otra cosa que no pagar impuestos".