El Observatorio Judicial de Violencia de Género ha reclamado trabajar con "mayor rigor" en la protección de los menores que sufren de forma directa o indirecta la violencia machista ejercida contra sus madres, cuyas denuncias en relación con la violencia de género han caído un 4% en 2012.

Durante la presentación de los últimos datos judiciales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, su presidenta, Inmaculada Moltalbán, ha invitado a "dirigir la mirada hacia la protección de las mujeres y de sus hijos" y a diseñar políticas que favorezcan esa protección de los menores.

"Estamos en un estadio más avanzado de la violencia de género y es necesario apoyar con mayor intensidad a los menores que sufren ellos esa violencia o de forma indirecta a través de sus madres", ha dicho la jurista, quien ha apostado por reforzar las unidades de valoración de riesgo en los juzgados, para que se pueda acordar en cada caso si procede adoptar medidas cautelares respecto al menor.

En este sentido, ha lamentado que sólo existan servicios de valoración forense, para determinar si procede una suspensión de patria potestad o de régimen de visitas, en las grandes ciudades, pero no en los juzgados de localidades más pequeñas.

"Están implantados de forma desigual en las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia" de la prestación de este servicio, ha lamentado.

El número de denuncias por violencia de género bajó un 4% respecto al año anterior, hasta quedar en 128.543 casos. Descendieron en todas las comunidades autónomas durante el año 2012, salvo en Baleares y Madrid, donde se registraron aumentos del 7,3% y el 1,1%, respectivamente.

El Poder Judicial ha advertido de que se mantiene la tendencia bajista en la presentación de las denuncias iniciada en 2008 coincidiendo con la crisis, ya que ese año se registraron 142.125; en 2009, 135.540; en 2010, 134.105, y en 2011, 134.002 denuncias.

"La crisis económica y social está afectando, porque frena las denuncias y el hecho de que las mujeres puedan salir del círculo de la violencia" sobre todo por la dependencia económica de sus maridos y la incertidumbre sobre su futuro, ha opinado Moltalbán, quien ha recordado que el descenso en ese periodo ha sido del 9,6%.

El observatorio judicial ha mostrado su preocupación por el porcentaje de "huida de la mujer del proceso penal" —el 12,13%—, es decir, antes de la celebración del juicio, y ha destacado que cuando las víctimas están acompañadas por los servicios sociales y "bien asesoradas" en la mayoría de los casos se mantienen hasta el final.

Respecto a los casos que concluyen en condena, el porcentaje es mayor en los juzgados especializados en violencia sobre la mujer —en el 74%— y en las audiencias provinciales (que imponen penas superiores de 5 años) —el 77%—, mientras que en los juzgados de lo penal se dictan el 50% de las sentencias condenatorias.

En seis de cada diez procesos la relación de pareja se mantenía en el momento de solicitar las órdenes de protección. En los juzgados de violencia sobre la mujer se solicitaron 34.556 órdenes de protección, un 3,5% menos que en 2011.

La mayoría de las medidas penales dictadas en 2012 —66.706— fueron órdenes de alejamiento, prohibición de comunicación y de volver al lugar donde se produjo la agresión.

El observatorio destaca la baja proporción de medidas cautelares civiles que se producen mientras se resuelve el proceso penal, como prestación de alimentos o atribución de vivienda. En este ámbito, se enmarcan las que se acuerdan para proteger a los menores, que se acordaron en el 11,5% del total de los casos.

Entre ellas se encuentran la suspensión de la guardia y custodia —en 1.576 casos, el 7,1%—, del régimen de visitas —en 710 casos, el 3,1%—, la suspensión de la patria potestad —en 79, un 0,4 %— y medidas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio —191 medidas, un 0,9 %—. "Necesitamos seguir profundizando y valorando el riesgo que la violencia de género supone para los menores", ha insistido.

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