Un grupo de afectados por las participaciones preferentes ha presentado este miércoles una denuncia ante la Guardia Civil por la "retención" de sus objetos personales después de que en la mañana del martes fuesen desalojados del ayuntamiento de Sanxenxo (Pontevedra), donde mantenían un encierro desde principios de año.

Después de que las protestas de este colectivo motivasen la suspensión del pleno del lunes, al que el Ayuntamiento había restringido el acceso, los cinco afectados que pasaron la noche en el salón de plenos fueron desalojados de las dependencias municipales en la mañana del martes.

El portavoz de la plataforma de O Salnés, José Manuel Vázquez, condenó que estas personas fueron "expulsadas" de la casa consistorial "como perros, a la calle, sin tiempo para recoger nada", y que posteriormente viesen como agentes de la Policía Local procedían a retirar "en bolsas" los diferentes objetos que allí tenían para llevarlos "no sé para donde".

Esto motivó que en la mañana de este miércoles tres de las personas que fueron desalojadas y una cuarta que tenía también objetos en las dependencias municipales presentasen en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad una denuncia por la "retención" de sus pertenencias, como ha informado Vázquez a Europa Press.

Este portavoz ha explicado también que, fruto del citado entierro, los miembros de la plataforma habían dejado en el ayuntamiento colchones, ropa, comida o incluso algún electrodoméstico, y criticó que "nadie" se hubiese puesto en contacto con ellos antes del desalojo.

Asimismo, explicó también que este miércoles miembros de la plataforma acudieron al ayuntamiento a preguntar por sus pertenencias, "y les dijeron que fuésemos dos portavoces a presentar una petición por escrito para que se las pudiesen entregar", algo que entiende un "sinsentido".

Comportamiento cívico

Por otra parte, Vázquez también ha defendido el "comportamiento cívico" de los participantes en este encierro, que "nunca actuaron con agresividad", por lo que acusó a la alcaldesa, Catalina González, de estarse "comportando de una forma totalmente fascista".

El portavoz de los afectados lamentó que en esta jornada para entrar el ayuntamiento hubiese que "presentar el DNI y decir a qué ibas", y anunció asimismo que los afectados continuarán con sus movilizaciones frente a la casa consistorial.

"donde ellos digan"

Tras tomar la decisión de desalojar el salón de plenos, la alcaldesa, Catalina González, dio orden a la Policía Local de que hiciese inventario de todo lo que había en el salón de plenos, con el objeto de que todas las pertenencias de los afectados quedasen custodiadas en las dependencias municipales hasta que estos procediesen a recogerlas.

En declaraciones a Europa Press, González afirmó que un portavoz del colectivo mantuvo este miércoles una reunión con el concejal de Seguridad, Salvador Durán, quien les explicó que estas pertenencias les serán entregadas "donde y en la forma que ellos quieran", una vez "los representantes de la plataforma" presenten una solicitud y con la condición de que, en el momento de entrega que se llevará a cabo "en la forma y donde ellos digan", firmen también su recepción.

La alcaldesa explicó que "al no saber de quien es cada cosa", se dio "orden de custodia sobre todos los objetos" allí depositados, y por ello no se permitió que nadie se llevase nada de allí en el momento del desalojo.

Decidido tras el pleno

González ha defendido también que, cuando los afectados iniciaron su encierro a comienzos de enero, se llegó al "acuerdo de que se les ayudaría y se les daría apoyo" en esta protesta siempre que "la vida municipal no sufriese ningún percance".

Por ello, el gobierno local tomó la decisión de desalojar en la noche del lunes, tras la suspensión del pleno, en una reunión que se extendió por cerca de "una hora" y tras la que se acordó que "no habría ningún problema" en dejar a los afectados encerrados que pasasen la noche, pero en la que se fijó también que "por la mañana se les comunicaría que tenían que desalojar".

"No podemos permitir que algo tan importante como un pleno se tenga que suspender", ha opinado González, quien ha incidido también en que el desalojo se hizo "con todo el respeto y normalidad" y en este "nadie echó a nadie en pijama" a la calle.

No obstante, la regidora también quiso dejar claro que esta situación "no va a cambiar un ápice" el apoyo del Gobierno local a los afectados. En este sentido, ha incidido en que este ayuntamiento "va a seguir defendiendo con la misma intensidad" a un colectivo que "tiene toda la razón" cuando defiende su condición de ahorradores y no de inversores.

De hecho, ha asegurado que varios de los afectados del municipio ya han sido citados para la próxima semana en el ayuntamiento "para ver en qué forma podemos asesorarles" ante la imposición de una quita que la alcaldesa considera "una injusticia", motivo por lo cual ha defendido que el arbitraje "tiene que llegar también a los que faltan".