La Fiscalía de Málaga ha mantenido la acusación para un hombre y una mujer por la supuesta estafa a varias personas por un importe total de 1,1 millones de euros a través de créditos personales que los perjudicados pidieron para participar en un negocio que no se realizó. La acusación particular, en representación de los 17 afectados, también ha mantenido su acusación, solicitando ambas partes cinco años de prisión para cada procesado.

El juicio quedó visto para sentencia esta pasada semana en la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, tras practicarse varias pruebas, como la declaración de testigos y de los acusados, un administrador del grupo societario y una secretaria, quienes negaron los hechos y responsabilizaron del desarrollo de toda la operación a otro acusado, que está en paradero desconocido, que no ha podido ser juzgado y tenía una "falsa" identidad.

Las acusaciones consideran que este principal procesado que está huido, entre julio y diciembre de 2005, convenció "de modo falaz" a compañeros en un restaurante para formar parte de un negocio que, según les dijo, "era un dinero seguro" y para lo que tenían que participar en empresas de las que él era administrador. Una vez accedieron, y tras verificar que no tenían bienes, les dijo que era necesaria una aportación de entre 8.000 y 16.000 euros.

Sostienen que les aseguró que esas cantidades "serían posteriormente abonadas por las propias empresas que iban a formarse" y que cuando los perjudicados le decían que no tenían dinero ni bienes, "les llevaba" a una sucursal bancaria en Nerja (Málaga) "para conseguir, sin los mínimos requisitos y una vez abierta una cuenta en la sucursal, un préstamo personal a nombre de cada uno de los perjudicados".

Este préstamo, según las acusaciones, "automáticamente pasaba" a la cuenta del principal acusado, que no ha podido ser juzgado, el cual "disponía de ese dinero". "El engaño era tal que les afirmaba ser avalista de los préstamos sin serlo", según se precisa. Los créditos concedidos fueron impagados y el banco comenzó a reclamar el pago a los perjudicados, que en algunos casos "ni sabían español" y que "ni tenían ni llegaron a disponer de ese dinero".

Para la Fiscalía, los dos acusados que sí han sido juzgados participaron en este operativo, ya que la secretaria y entonces pareja del principal procesado era "conocedora de las actuaciones y encargada de preparar la documentación"; mientras que el otro acusado, con responsabilidad en muchas de las empresas, "mantenía engañados" a los perjudicados "manifestando hacerse cargo del abono de los préstamos".

Según han precisado fuentes judiciales a Europa Press, la Fiscalía ha planteado como alternativa la participación de éstos como cómplices y no como autores del delito continuado de estafa, solicitando, en ese caso, una pena de dos años de prisión. En cualquier caso, el ministerio público considera que la participación de ambos "permitió dar apariencia de credibilidad" a toda la operación.

La acusación particular, dirigida por el letrado Ignacio Francés del despacho IFS Abogados, ha mantenido la petición de cinco años de prisión, indemnización por la cantidad que consideran estafas y, sobre todo, ha incidido en que se declare la nulidad de los créditos suscritos por sus clientes. Uno de los testigos que declaró fue el responsable de área de la entidad bancaria, quien aseguró, según las fuentes, que los préstamos no se hicieron conforme a los protocolos.