Los distintos letrados de las secciones sindicales del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) han anunciado este viernes que presentarán un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al considerar que una vez que se ha acreditado que los despidos "no se ha ajustado a derecho", es "posible" la nulidad de los 260 despidos.

Exceptuando el abogado de los técnicos municipales (ATMJ), que ha dicho que aún no ha tomado una decisión, el resto ha coincidido en que en el proceso "luchaban" por la nulidad y aseguran que aunque la sentencia "ha puesto al Ayuntamiento en su sitio", tienen claro que los despidos "son nulos de pleno derecho" después de que el juez reconozca probado la "arbitrariedad" en la selección del personal incluido en el expediente de regulación de empleo (ERE).

Para ello, los abogados de CGT, UGT, CCOO y CTP han explicado que se ampararán en la "mala fe negociadora" del Gobierno local del PP que, en su opinión, queda demostrada especialmente en las pruebas testificales, y en la "ausencia" de documentos que acredite la "insuficiencia presupuestaria sobrevenida", recalcando que el Ayuntamiento se "negó" a entregar los presupuestos de 2011 y 2012.

Aunque han mostrado su "satisfacción" por el fallo, los letrados han dejado claro que "queremos más", ya que consideran que la "absoluta arbitrariedad" acreditada por la juez, trae implícito la "nulidad" de los despidos, además de "no ajustarse a derecho", como recoge la sentencia.

De igual manera, valoran la sentencia como "una victoria importante", puesto que, a su juicio, pone de manifiesto que el Ayuntamiento actuó "de forma ilegal y vulnerando la ley de forma fulminante", pero también creen que "hay cuestiones de la demanda en las que no se entra".

Los abogados de los sindicatos también han mostrado su "tranquilidad" respecto a la decisión del Gobierno local de presentar un "recurso de aclaración" de la sentencia, lo cual interpretan como una "medida dilatoria" para "conseguir tiempo", ya que de esta forma creen que en vez de los cinco días hábiles, tendría "15 ó un mes" para recurrir y decantarse por la readmisión o la indemnización a los trabajadores.

Teniendo en cuenta la "prioridad" y la "urgencia" que aseguran suele dar el Supremo a estos asuntos, los gabinetes jurídicos de los sindicatos han estimado que una vez presentados los recursos, el Alto Tribunal podría pronunciarse "antes del verano".