En Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha presentado este jueves en el Parlamento el Informe Especial sobre 'Incidencia en el ocio juvenil en Andalucía de la ley 7/2006, Ley antibotellón', realizado tras investigar la aplicación de la misma en municipios andaluces de más de 50.000 habitantes, una aplicación que "al menos somete el ocio juvenil a una reglas y normas de obligado cumplimiento", aunque sugiere a las administraciones públicas a que "articulen políticas y estrategias dirigidas a promover fórmulas de ocio juvenil más saludables".

Según Chamizo, el primer dato "relevante" tiene que ver con el porcentaje de municipios que han optado por autorizar determinados espacios para la práctica del botellón, botellódromos, "un total de 16, frente a la opción prohibicionista por la que se han decantado un total de once", estando en Málaga "los más prohibicionistas". En esta opción se incluye a Sevilla, "por la aplicación directa de la ley", aunque cuando se elaboró el informe había otro equipo de Gobierno —PSOE—, "por parte del cual no había un pronunciamiento claro y no sabíamos que iban a hacer en aquel momento".

Así, continúa, en Sevilla los botellones incontrolados "siguen siendo una triste realidad, pese a que el nuevo equipo Gobierno —del PP— dice que va a buscar soluciones", y, pese a que "hay más sanciones", el modelo "no acaba de ser prohibicionista o de espacios". No obstante, Chamizo señala que muchos municipios "no se han contentado ni con la prohibición ni con el botellódromo y han creado alternativas, algunas válidas y otra menos válidas".

En cualquier caso, añade el Defensor, los resultados de este informe concluyen que, al menos, la ley "ha servido para someter el ocio juvenil a reglas de obligado cumplimientos, que han suprimido el botellón espontáneo y sin control", lo que "no significa que no existan a día de hoy botellódromos incontrolados". Además, Chamizo se ha referido a la "preocupación" de los responsables municipales, porque "la imprevisibilidad de los macrobotellones hacen difícil su control", y "en más de uno ha habido apuñalamientos", precisa.

En cuanto a cual es la alternativa más recomendable, prohibición o botellódromo, la Defensoría "considera que no hay una única respuesta", sino que dicha respuesta "es diferente en función de las circunstancias de cada municipio". Y sobre la erradicación como forma de ocio juvenil, entiende que "el principal problema del botellón es el excesivo consumo de alcohol, que hace mucho daño a los jóvenes". En este sentido, Chamizo destaca que "de aquí al futuro, según hablan algunos, habrá más de 500.000 personas alcohólicas".

Por tanto, "si el principal elemento característico es el consumo inmoderado e incontrolado de alcohol, sí tendríamos que optar por erradicarlo", pero, puntualiza, "creo que hay mucha gente que va al botellón y no bebe, al considerarlo como lugar de espacio, de encuentro, de concentrarse con los amigos". Además, "la inmensa mayoría de las personas asiduas son mayores de edad, de 18 a 26 años, que tienen autorizado por ley el consumo de alcohol", y que "se preguntan de qué vamos los adultos que queremos prohibir el botellón pero no beber en los bares".

Por tanto, la Defensoría constituye que la juventud "tiene el derecho y deber e organizar su propio ocio, incluyendo celebrar en espacios públicos, pero entendido como lugar de encuentro y relación social", pero, matiza, "esta permisividad tiene un límite, no molestar a la convivencia ciudadana".

Además, Chamizo aboga por la prohibición de la presencia en los botellódromos de menores de 16 años, así como por la presencia en estos espacios de una "especia de mediadores" para evitar incidentes violentos. Al respecto, resalta que ahora "no hay control sobre las armas blancas", y, espeta, "tenemos que pensar algo". Igualmente, y entre las recomendaciones que hace en el informe, pide a los ayuntamientos que dispongan de espacios, "que continúen habilitándolos", y a las administraciones públicas les sugiere que "se articulen políticas y estrategias dirigidas a promover fórmulas de ocio juvenil más saludables".

Por su parte, la diputada de IU Alba Doblas, que ha calificado el informe de "valioso instrumento de trabajo", critica que el mismo "emana un espíritu de éxito de aplicación de la ley, que no consideramos que se corresponda con otra de las conclusiones, como es el posible efecto de la ocultación de la realidad, con el alejamiento del ocio de las zonas residenciales", un extremo sobre el que Chamizo responde que "el éxito se debe a que han calado las cuestiones —respecto a otro contexto—; pero no hay éxito en cuenta a que debería haber más protagonismo juvenil".

Del mismo modo, asegura que el informe "no ha ido más allá", ya que considera que el problema del ocio "no se soluciona con la penalización sino que tiene que venir de la mano del diálogo y debe construirse desde las inquietudes de los jóvenes". "De ahí venía nuestra propuesta electora de derogar la actual ley, porque esto tiene que ir acompañado de la aportación al tejido asociativo juvenil para desarrollar un tipo de actividad con fines culturales y ocio alternativo", un tejido asociativo que, a juicio del Defensor, "no está para tirar cohetes", pero "tiene mucho que hacer y decir".

En este sentido, aboga por una mesa de participación para el desarrollo de propuestas para el ocio joven, con la participación del Instituto Andaluz de la Juventud, al que Chamizo insta centra mucho su atención en los adolescentes, que son los que "más problemas tienen". Al IAJ se ha referido también el diputado popular Miguel Ángel Castellón Rubio, que se pregunta que hace el Instituto "para promover el ocio alternativo sin alcohol", toda que afirma que "si existen problemas" de ocio, de vivienda y de empleo entre los jóvenes y el Instituto "no actúa", entonces "para que sirve esta figura si no para acoger cargos políticos por las ocho provincias andaluzas".

En este sentido, Chamizo "entiende que este asunto no hay que dejarlo solo al IAJ", sino que tienen que "participar todas las administraciones a nivel local y regional, involucrar a educadores y escuchar a los chavales".

De otro parte, Castellón Rubio felicita a los ayuntamientos andaluces que "han afrontado un problema serio de convivencia", toda vez que ha recordado que "como casi siempre la Junta legisla y los ayuntamiento pagan". También alaba el modo en que los consistorios "han promovido dosis de diálogo y participación como no se ha visto nunca en Andalucía, sobre todo en el ámbito de la juventud", con una "aplicación ordenada de una ley que era muy compleja".

La prevalencia de edad en el botellón "es de 16 A 20 AÑOS"

Por último, la diputada socialista Soledad Pérez ha dicho que este informe del Defensor supone "una oportunidad social y política trascendental", a tenor del último informe de la Junta sobre los andaluces ante las drogas, del que se desprende que "en los últimos seis meses, el 50 por ciento de los jóvenes menores de 30 años han ido a un botellón, con una "prevalencia de edad de 16 a 20 años", lo que, según Pérez, demuestra que "los jóvenes ya han decidido su forma de ocio".

En este sentido, ve "oportuno" el viraje que en el informe del Defensor "se ha dado a la ley antibotellón analizando la realidad municipal; pero también hay que ver la parte de reflexión, pensando a largo plazo", porque en el informe "subyace también esa preocupación por el consumo de alcohol entre menores y adolescentes". Además, insta "a reflexionar sobre el impacto de género en el consumo de alcohol", porque "cuanto más menores son, más se reduce la brecha de género, con igualdad en edades más tempranas".