El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante (COFA), Jaime Carbonell, ha calificado de "inconstitucional" el decreto ley del Consell de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica, aprobado este pasado miércoles en las Corts Valencianes, al considerar que vulnera leyes de rango superior.

Carbonell ha realizado estas declaraciones durante una rueda de prensa celebrada este jueves, en la que ha estado acompañado por el dirigente de la Asociación de Empresarios de Farmacia (Apefa) en Alicante, Ángel Vives, y que ha sido convocada para analizar el citado decreto, con el que la Conselleria de Sanidad prevé ahorrar 300 millones de euros al año mediante la prescripción y dispensación de medicamentos con mejor coste-eficiencia.

Ambos dirigentes han explicado que el hecho de que la norma se haya aprobado por la vía de urgencia "ata mucho las manos", por lo que, tal y como han indicado, "sólo" el Gobierno de España o el Defensor del Pueblo, a través de la recogida de un determinado número de firmas, pueden presentar recursos, si bien el presidente colegial ha asegurado que "batallarán", ya que les "asiste la ley y la razón".

En este sentido, Vives ha anunciado que la patronal farmacéutica alicantina "trabaja" con el Ejecutivo nacional y con los partidos políticos para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC), "al igual que se hizo" con el euro por receta, ha agregado a modo de ejemplo. Además, ha señalado que se ha encargado un informe jurídico a un gabinete estatal "con bagaje en Sanidad".

Normativas estatales

En cuanto a la "inconstitucionalidad" de la medida, Carbonell ha expresado su rechazo a la posibilidad de que se establezca la "dispensación en centros de salud", y ante la "concertación selectiva", que ha calificado de "ilegal". Así, ha subrayado que el documento es contrario al artículo 43 de la Constitución Española (CE), que especifica que son competencia del Estado los precios de los medicamentos que se dispensan en España.

Igualmente, ha hecho referencia tanto a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 16/2003, que determina que la dispensación de medicamentos debe ser igual en toda España, para todos los ciudadanos; como a las leyes de Garantías y Uso Racional del Medicamento y la General de Sanidad, que señalan que la dispensación es exclusiva de las oficinas de farmacia y de los servicios farmacéuticos.

Finalmente, se ha referido a la Ley General de Seguridad Social, por la que se establece que los conciertos son igual en toda España, autonomías y provincias. "No es un privilegio de nadie", ha manifestado, y considera que esta legislación "obligará al Gobierno a intervenir y a presentar un recurso ante el TC".

"a contrapié"

Durante su intervención, el presidente de los farmacéuticos alicantinos ha expresado la "indignación" del colectivo ante la medida, y ha criticado que el decreto se "haya aprobado sin información previa y por la vía de urgencia". "Nos ha pillado a contrapié, nos hemos quedado un poco niquelados, pero ahora ya vamos respirando, viendo las cosas y reaccionando", ha enfatizado.

En cuanto al ahorro en el sector, ha recalcado que la "cohesión del sistema farmacéutico" ha permitido reducir el gasto en un 15 por ciento de media en toda España, por lo que ha incidido en que "más ahorro no cabe", y ha agregado que "si antes se facturaban 120 millones de euros en la Comunitat Valenciana, ahora se facturan 90".

Por su parte, Vives opina que la dispensación directa de medicamentos hará "retroceder lustros y regresar a la Sanidad de los años 1950". "No veríamos mal la recentralización de la Sanidad, ya que las autonomías no van a poder pagar la factura farmacéutica ni la sanitaria", ha asegurado.

"poco podemos colaborar"

En un nuevo turno de palabra, el presidente del COFA ha recalcado que el sistema sanitario "no tiene que pagar las fiestas de otros". "Evidentemente miramos por las farmacias, pero también por los pacientes, y con decretos por urgencia poco podemos colaborar", ha afirmado.

Ante la posibilidad planteada por los periodistas de que la concertación selectiva pueda beneficiar a unas farmacias y perjudicar a otras ante las posturas adoptadas frente a los impagos del Consell, ha indicado que "cuando la deuda pase de determinada cantidad se van a quejar todos", y ha asegurado que "con el diálogo hubiésemos ahorrado más". "Sentados en las mesas se ahorra más que con decretos de urgencia", ha apuntado.

Por lo que respecta a la deuda que la Generalitat Valenciana mantiene con los colegios de Alicante, Valencia y Castellón, correspondiente a la mitad del pasado septiembre, octubre, noviembre y enero, y que ha cifrado en 360 millones de euros, más "otros" 20 de intereses, ha expuesto que durante el presente mes se ha de percibir la cantidad correspondiente a enero.