El Pleno del Congreso aprobó este jueves definitivamente el proyecto de ley de Responsabilidad Penal del Menor, que excluirá de su ámbito de aplicación a los jóvenes de entre 18 y 21 años, punto al que se opusieron CiU, PNV, ICV y Grupo Mixto.

El pleno, al que asistió el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, votó el proyecto de ley con 185 votos a favor -contó con el apoyo de PSOE, CiU, ERC, PNV y BNG y CHA por parte del Grupo Mixto-, 136 en contra -postura que apoyaron el PP e ICV- y 2 abstenciones, de EA y Nafarroa Bai del Grupo Mixto.

Con esta decisión se vuelve al texto original que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados y se cambia lo aprobado en la Cámara Baja, donde se incluyó a los jóvenes de 18 a 21 en el ámbito de esta ley, extremo que el pasado mes de octubre tampoco aprobó el Senado.

Al final de la intervención de todos los grupos parlamentarios, el ministro de Justicia manifestó que esta reforma pretende "exaltar el interés supremo del menor como principio inspirador de la legislación" a fin de que "en ningún caso reciba un trato peor que el de un adulto".

En declaraciones a los periodistas, López Aguilar señaló que esta nueva ley, que aproximadamente entrará en vigor en febrero, dibuja una "clara línea divisoria" entre la mayoría de edad y la minoría, lo que, según dijo, es "positivo" para la justicia de menores porque permitirá especializarse y que no se sobrecargue.

"Hacer frente a los nuevos fenómenos de delincuencia juvenil"

También señaló que otro de los objetivos es "hacer frente" a los nuevos fenómenos de delincuencia juvenil que están surgiendo y que, según dijo, "exigen nuevas respuestas" y destacó que la ley apuesta por "la reeducación y la resocialización" de los menores.

El proyecto establece un tratamiento más firme de la delincuencia juvenil e introduce medidas para combatir fenómenos como el acoso escolar o las bandas organizadas; en este último prevé penas de hasta 6 años de internamiento para jóvenes que cometan delitos graves dentro de bandas organizadas.

Además de medidas de alejamiento de los agresores respecto de sus víctimas, el texto dispone que los jueces podrán dictar órdenes de alejamiento del propio centro escolar.

Un punto del texto en el que todos los portavoces parlamentarios coincidieron es en el necesario aumento de la financiación para desarrollar estas medidas, ya que consideran que se precisan "mayores medios" para aplicar la nueva ley.

También se potencia la protección de la víctima, medida ésta que entrará en vigor al día siguiente de la publicación de la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado -lo que previsiblemente se hará en diciembre-, a pesar de que hasta febrero no empiece a funcionar el nuevo texto legislativo.