El PP presenta una iniciativa para que las Cortes apoyen el pantano de Mularroya, tras la sentencia del Tribunal Supremo

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón ha registrado este martes una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de que el Parlamento autónomo manifieste su apoyo a la construcción del embalse de Mularroya, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya desestimado el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la declaración de impacto ambiental.
El portavoz del PP en las Cortes, Antonio Torres
El portavoz del PP en las Cortes, Antonio Torres
EUROPA PRESS
El portavoz del PP en las Cortes, Antonio Torres

El Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón ha registrado este martes una proposición no de ley (PNL) con el objetivo de que el Parlamento autónomo manifieste su apoyo a la construcción del embalse de Mularroya, después de que el Tribunal Supremo (TS) haya desestimado el recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba la declaración de impacto ambiental.

La iniciativa expresa que este embalse es "pieza clave" del Pacto del Agua e insta al Gobierno de Aragón a solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que corrijan las deficiencias señaladas por la Audiencia Nacional y el TS para que se puedan reanudar las obras.

En rueda de prensa celebrada en las Cortes, el portavoz del Grupo Popular, Antonio Torres, ha afirmado que "no hay que renunciar a Mularroya y a aprovechar todas las obras hechas", tras lo que ha considerado que el Ministerio de Agricultura debe "resolver estas cuestiones para poder reanudar las obras cuanto antes".

Ha señalado que "la Administración actúa siempre de buena fe", tanto los técnicos como los políticos, "y adopta sus resoluciones con intención de que salgan adelante", para agregar que "cuando se actúa con buena fe no hay responsabilidades". Se ha preguntado si estas se deben pedir a "quien utiliza la vía judicial para paralizar obras de interés general que cuentan con el consenso del 90 por ciento de la población".

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