El presidente del canal privado venezolano Globovisión, Guillermo Zuloaga, anunció este lunes que se está negociando la venta del canal, de línea crítica con el Gobierno, aunque negó que se hubiera vendido ya el medio.

Después de que su hijo y vicepresidente del canal, Carlos Zuloaga, afirmara en un breve texto difundido por la cadena que ya hay "una oferta de compra formal" y "una intención obligada de venta", Guillermo Zuloaga mandó una carta abierta a los trabajadores del canal en la que dio más detalles de la operación.

En la misiva, Zuloaga -que reside en EE UU y es considerado por las autoridades venezolanas un prófugo de la justicia- señaló que, aunque "la negociación estaba lista para cerrarla esta misma semana", pidió que se concretara después de las elecciones presidenciales del 14 de abril.

El presidente del canal explicó que, ante la "inviabilidad" del canal, mantuvo recientemente varias reuniones "sin éxito" hasta que hace unas tres semanas el empresario Juan Domingo Cordero le hizo una proposición que "sin ser lo que los accionistas hubiéramos aspirado, me vi -dijo- obligado a aceptarla".

Según medios locales, Juan Domingo Cordero es el principal accionista de la aseguradora Seguros La Vitalicia y un empresario ligado al mundo bursátil y financiero. Zuloaga lo calificó como un empresario que conoce desde hace muchos años y "como un hombre de éxito en el mundo financiero".

El Gobierno posee una extensa red de medios de comunicación, en lo que según los opositores, es un intento de hacerse con lo que llama la "hegemonía comunicacional"; buscaría así combatir a los medios privados y difundir los planes y logros de la revolución.

En el 2007, las pantallas del canal privado de televisión RCTV -uno de los más antiguos del país y de más alta audiencia- cesaron sus transmisiones después de que el Gobierno no renovara su concesión, tras los fieros ataques del presidente Chávez, que acusaba al canal de golpista.

Según explicó, la derrota de la oposición en las elecciones de octubre puso a la cadena "en una situación muy precaria como canal y como empresa, sumándole a esto el cúmulo de procedimientos judiciales y el tener una concesión que vence en dos años, sin que se vea posibilidad de renovación".

"Somos inviable económicamente, porque nuestros ingresos ya no cubren nuestras necesidades de caja (...) Somos inviables políticamente porque estamos en un país totalmente polarizado y del lado contrario de un gobierno todopoderoso que quiere vernos fracasar", relató.

Y continuó: "Somos inviables jurídicamente porque tenemos una concesión que termina y no hay actitud de renovárnosla".

Asimismo, Zuloaga aseguró que "su mayor preocupación" ahora es mantener la nómina de casi 500 trabajadores del canal, algo que consideró que queda garantizado con esta venta del canal.

A mediados del año pasado, Globovisión pagó una multa de 2,1 millones de dólares para evitar un embargo de bienes ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia tras ser acusado de apología del delito en la cobertura en junio de 2011 de una crisis en una prisión cercana a Caracas.

Además, contra Zuloaga pesa una orden de detención desde junio de 2010 por un caso de presunto acaparamiento de automóviles y usura en su venta.

Desde 2010, un 20 % de las acciones del canal están bajo control del Estado luego de que el Gobierno expropiara todos los bienes de Nelson Mezerhane, dueño de ese paquete de acciones en el canal y del Banco Federal, intervenido por supuestos problemas de liquidez.