La representación legal de tres aspirantes a la Policía Local de Málaga que pidieron que se anularan las pruebas selectivas para cubrir 94 plazas de agentes en la convocatoria de 2002 ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para informar de que el Ayuntamiento "no ha cumplido" la sentencia dictada por ese mismo órgano judicial que acordó anular dicha prueba; y pide a la Sala que tome medidas y la ejecución de la resolución.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Málaga, acordó en 2009 anular la celebración del tercer ejercicio de dicha convocatoria, así como dejar sin efecto "todos los actos posteriores a dicha prueba", al estimar el recurso interpuesto por tres aspirantes, que alegaron que se había "conocido con antelación a la celebración del tercer ejercicio de la oposición el contenido de las preguntas o cuestionario relativo a la prueba de personalidad".

En 2011, el Tribunal Supremo declaró firme la sentencia, al inadmitir el recurso presentado por varias partes, entre ellas el Ayuntamiento. En este tiempo, desde la representación letrada de los aspirantes, dirigida por el abogado Francisco Hurtado, se han realizado, según se apunta, cuatro requerimientos al Consistorio malagueño para solucionar el conflicto y para que ejecutara la sentencia.

De hecho, uno de los escritos remitidos, que se ha adjuntado, va dirigido al alcalde, Francisco de la Torre. Pero, "la administración ha hecho caso omiso de los numerosos requerimientos", según se pone de manifiesto en el documento presentado ante el alto Tribunal andaluz por el letrado, al que ha tenido acceso Europa Press, escrito en el que se insta a la Sala a reaccionar "con todo el rigor que nuestro derecho permite" ante la "gravedad de los hechos".

Así, esta parte pide al TSJA que imponga multas de 1.502 euros mensuales "al director del Área de Personal del Ayuntamiento en su calidad de autoridad, funcionario o agente que ha incumplido los requerimientos de ejecución vertidos por esta parte", solicitando que se reiteren dichas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial.

Asimismo, solicita que deducir testimonio de particulares "para exigir la presunta responsabilidad penal que pudiera corresponder" tanto a dicho director de área "como al alcalde del Ayuntamiento de Málaga por su presunta actitud anuente a la ejecución de la sentencia". Además, se pide que se condene en costas al Consistorio en esta ejecución.

En la sentencia dictada, y aún no ejecutada, se consideró que el conocerse con anterioridad a la celebración de la prueba de personalidad el contenido de las preguntas era "claro que ello quebranta los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública" y se apuntaba que "un examen cuyas preguntas se han hecho públicas con anterioridad no puede celebrarse en tales circunstancias".