El Parlamento de Galicia ha aprobado, con los votos a favor de PPdeG y PSdeG y la abstención de AGE y BNG, una iniciativa en la que reclama a la Xunta que obligue a la empresa concesionaria de la mina de Corcoesto, en Cabana de Bergantiños (A Coruña), a suscribir "una garantía financiera suficiente" para desarrollar la actividad.

El PPdeG y el PSdeG han negociado el texto a partir de una proposición no de ley registrada por los socialistas y que reclamaba también dejar sin efecto el informe favorable de la Xunta a la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto minero.

Finalmente, el texto que ha salido adelante contiene únicamente el requerimiento de esta garantía financiera, en base a la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental y a la ley de minería de Galicia.

La autora de la propuesta, la diputada del PSdeG Patricia Vilán, ha defendido que la empresa Corcoesto Gold Mines, filial de Edgewater, debería contratar un seguro de responsabilidad civil de unos 350 millones de euros, "cuanto el Gobierno gallego acepta tan solo 5". Por ello, ha acusado a la Xunta de permitir la explotación "sin ofrecer garantías sobre el impacto ambiental", que se centra en la extracción de oro utilizando cianuro, "con el consiguiente riesgo para el río Anllóns".

Vilán ha criticado a la Xunta por "convertir Galicia en una gran explotación minera en favor de empresas extranjeras". "Pero no se preocupa en invertir en ideas autóctonas e I+D+i", ha reprochado y ha afirmado que el deber del Gobierno autonómico es "dificultar, cuando no impedir, que sociedades de estas características puedan operar impunemente con los recursos y con el futuro de la comunidad".

Por su parte, el diputado del PPdeG Aurelio Núñez Centeno ha defendido que la declaración de impacto ambiental de la mina de Corcoesto "se ajusta a todas las normativas legales que se contemplan en los decretos, directivas y leyes gallegas, nacionales y europeas".

El Grupo Popular, ha afirmado, está "tan preocupado como los grupos de la oposición por la sostenibilidad económica y medioambiental" del proyecto, además de por "garantizar la compatibilidad de la actividad extractiva con la protección de los valores naturales". "No se puede desaprovechar una oportunidad como esta para nuestra comarca en el momento de crisis que estamos pasando", ha argumentado, en favor de la explotación minera.