El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, que remite en este mismo miércoles, 6 de marzo, a las Cortes autonómicas, a donde llega "en buenas condiciones de apoyo", aunque no tiene el cien por cien del consenso.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Política Territorial e Interior del Ejecutivo autonómico, Antonio Suárez, quien ha reconocido que, por ejemplo, "no lo hemos consensuado, aunque lo intentamos", con el Ayuntamiento de Zaragoza, y tampoco con el sindicado CSL, aunque sí con Comisiones Obreras y con la "inmensa mayoría de ayuntamientos".

Suárez ha precisado que este proyecto de ley potencia el papel de "coordinación" de la Comunidad autónoma "a través de un conjunto de medidas para unificar criterios en materia de organización y actuación" de la policía; "mejora la situación de la prestación del servicio, también la situación de los policías locales", y hay un "respeto escrupuloso de la autonomía local".

El consejero ha destacado, entre otras cuestiones, que el proyecto de ley regula las situaciones de colaboración entre la policía de un municipio con las de otros en casos de emergencia; en casos de acuerdos para la prestación puntual de algún servicio; o a través de Agrupaciones de Servicios de Policía entre municipios limítrofes.

El texto precisa "que todo municipio que quiera prestar servicio de policía tendrá que crear un cuerpo y proveerse del correspondiente reglamento" y regula la elección del jefe del cuerpo y la estructura del mismo.

Así, ha relatado Suárez, la designación del jefe del cuerpo podrá realizarse por concurso-oposición libre; por concurso de méritos entre personas del mismo cuerpo o de otros cuerpos de policía de Aragón, y por libre designación entre cuerpos de policía de toda España.

Otros aspectos de la futura ley

El proyecto de ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón amplía la edad máxima para ingresar en las policías locales de la Comunidad autónoma hasta los 35 años —hasta ahora estaba fijada en los 30—, y se regula la movilidad geográfica.

Por lo que respecta a la segunda actividad, el consejero ha apuntado que podrá ser regulada por los propios municipios atendiendo a su organización y disponibilidades presupuestarias. Igualmente, ha incidido en la importancia de que la futura ley establece la obligatoriedad de un Plan de Formación Anual, un asunto que es de competencia de la Comunidad autónoma, ha recordado.

El proyecto de ley posee 34 artículos divididos en cuatro títulos, tres disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y dos finales.