El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha recordado al fiscal jefe de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, que las limitaciones a jueces y fiscales a participar en el debate político garantizan su función e independencia.

De este modo se ha referido Gallardón, en una entrevista en Radio Nacional, al expediente que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, abrió a Rodríguez-Sol por opinar en una entrevista sobre la consulta soberanista catalana y que ha llevado a éste ha presentar su renuncia, que ha sido aceptada.

Gallardón no ha querido entrar en el fondo de las manifestaciones del fiscal de Cataluña, pero ha dejado claro que jueces y fiscales "tienen limitaciones en su libertad de expresión que no tienen el resto" y que se establecen "en garantía de su propia función".

De este modo, ha recordado que si un juez o fiscal participa en un debate de carácter político y después tiene que intervenir en una causa judicial sobre ese asunto, queda "contaminado" y puede ser acusado de haber perdido su independencia. Es esa y no otra, ha apostillado, la razón por lo que la ley y el estatuto de jueces y fiscales "les dice que no pueden intervenir en un debate político" y por la que se abrió el expediente a Rodríguez Sol.

En la misma línea, el secretario general del PSC, Pere Navarro, ha afirmado en una entrevista en La Sexta que las declaraciones del exfiscal superior de Cataluña "no eran propias de un fiscal". Sin embargo, ha considerado que la reacción de Torres-Dulce solo alimenta el clima de separación y crispación entre Cataluña y el Estado Español, como también ha hecho la impugnación de la declaración soberanista.

No todos opinan como él y Gallardón ha recibido algunas críticas por sus palabras desde Cataluña. El Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, ha asegurado que el expediente y posterior dimisión del fiscal jefe catalán es "un atentado a su rigor profesional" y un retorno a "35 años atrás, al final de una dictadura".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Cataluña, Joan Carles Gallego, considera que se ha "limitado la libertad de expresión del fiscal y el funcionamiento de esta institución ha quedado "supeditada"a criterios políticos.

El presidente de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, ha defendido la actuación de Rodríguez Sol, pero ha asegurado que los fiscales deben ser "prudentes" en sus opiniones, porque "representamos a toda la sociedad".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, también ha defendido al exfiscal superior de Cataluña. En un escueto comunicado, ha elogiado la "firmeza" de sus convicciones democráticas, así como su "sensibilidad y respeto" con los valores de la sociedad catalana.

"Quiero destacar la profesionalidad y honestidad mostradas en el ejercicio de sus funciones", ha insistido en un comunicado el presidente del TSJC -miembro de la asociación progresista Jueces por la Democracia-, quien opina que Rodríguez Sol es "un ejemplo a seguir por todos los servidores públicos".

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha querido opinar sobre las declaraciones de su compañero de Gabinete Jorge Fernández Díaz en contra del matrimonio homosexual, pero ha sentenciado: "Allí donde hay amor está plenamente justificada la unión de dos personas".

Gallardón, en una entrevista en Radio Nacional, ha reconocido que no ha hablado todavía con su compañero y "buen amigo" el ministro del Interior y ha considerado que antes de opinar sobre unas declaraciones es bueno contar con la explicación y análisis completo del que las hace.

En un coloquio en Roma, Fernández Díaz dijo que el "matrimonio entre personas del mismo sexo no debe tener la misma protección por los poderes públicos que el matrimonio natural", ya que la "pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada".

Ruiz-Gallardón ha querido, no obstante, ofrecer su opinión y ha insistido en que "por encima de cualquier otra consideración, lo que justifica una relación conyugal es el amor", la necesidad de encuentro de dos personas y su voluntad de compartir sus vidas.

Y eso que se llama amor es, a juicio de Gallardón, lo que debe llevar a los poderes públicos a "crear los instrumentos adecuados para que ese amor tenga efectos jurídicos y su desarrollo en una sociedad avanzada".