La Diputación de Málaga trabaja en la redacción, renovación y adaptación del urbanismo de 62 localidades de la provincia a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), lo que evidencia la "importancia" de esta institución, que se convierte en "garante fundamental de la supervivencia de los municipios más pequeños".

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa su presidente, Elías Bendodo, quien ha dejado claro que "sin la Diputación estos municipios tendrían muy complicado existir", ya que, entre otras cuestiones, no podrían contar con una normativa urbanística que les permitiera su desarrollo.

Bendodo, acompañado por el diputado provincial de Urbanismo, Ignacio Mena, y por el responsable de Presidencia y de la Sociedad de Planificación y Desarrollo (Sopde), Carlos Conde, ha hecho balance de este servicio de asistencia técnica en materia urbanística, "clave para el futuro de los municipios".

"La Diputación es una institución absolutamente necesaria", ha declarado Bendodo, sobre todo, ha precisado, "en una provincia que sufre desmanes por intereses privados y sin escrúpulos". Más aún, ha insistido en que este servicio es "una tarea primordial".

Esta asistencia técnica se presta a través del Área de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento o de la Sopde. "Se trata de optimizar recursos y no duplicar servicios", ha defendido, al tiempo que ha indicado que los conceptos clave de ese asesoramiento son "el futuro económico de la provincia, la preeminencia del turismo como principal industria, el desarrollo sostenible y el cuidado del entorno natural".

MUNICIPIOS

De esos 62 municipios que han solicitado este asesoramiento —casi todos menores de 20.000 habitantes y que no tienen recursos propios para hacer su PGOU o no disponen de equipos técnicos suficientes—, nueve ya tienen aprobados de forma definitiva su planeamiento —la tramitación mínima de un plan general dura en torno a siete años—. Es el caso de Alameda, Benahavís, Totalán, Salares, Macharaviaya, Júzcar, Faraján, El Borge y Cútar.

De igual modo, otros 28 municipios tienen sus planeamientos en fase de aprobación provisional, como por ejemplo Ojén, Cuevas Bajas, Benalauría, Almáchar, Igualeja o Arriate. Por su parte, otros 16 tienen el visto bueno inicial, entre los que se encuentran los de Riogordo, Parauta o Benaoján.

En las nueve localidades restantes se están realizando trabajos de desarrollo urbanístico, tales como avances, modificaciones puntuales, adaptaciones parciales, etcétera, como son Benalmádena, Casarabonela, Monda, Montejaque, Periana, Pizarra, Teba, Rincón de la Victoria y Villanueva del Rosario.

El responsable de la Diputación ha mencionado casos concretos, como el planeamiento de La Viñuela, que prevé la reordenación del entorno del embalse y que impulsa la creación de actividades empresariales sostenibles, o Rincón de la Victoria, donde se pretende generar un nuevo modelo para dejar atrás su identidad de ciudad-dormitorio y transformarse en una urbe económica y socialmente sostenible.

La Diputación de Málaga ha creado en este mandato una sección dotada con tres abogados, dos técnicos y un administrativo para ofrecer asistencia exclusiva sobre disciplina urbanística a los municipios que lo demanden. Además, ha unificado en una sola instancia los conceptos de patrimonio, planeamiento y atención municipal para mejorar la atención a los ayuntamientos y evitar la duplicidad de servicios.

Durante su intervención, Bendodo ha incidido en la dificultad que presenta la provincia de Málaga, al ser "un terreno muy heterogéneo"; de hecho, cuenta con "la conurbación más importante del sur de España".

Asimismo, ha criticado el decreto del litoral impulsado por la Junta de Andalucía y contra el que la Diputación aprobó recientemente en pleno la interposición de un conflicto de defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional. "Para todo planeamiento y no valora el esfuerzo que realizan estos municipios para adaptarse a la ley, arrojando una sombra de duda sobre dichos ayuntamientos", ha denunciado.

El pasado mes de junio el Pleno de la Diputación aprobó también una moción en la que instaba a la Junta de Andalucía a aclarar, ajustar y definir la normativa urbanística con el objetivo de simplificar las tramitaciones de los planes generales.