El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha manifestado este martes que la devolución de fondos a la Unión Europea, tras las "irregularidades" detectadas en los gastos que se llevaron a cabo en tres comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía, corresponde al Gobierno de la Nación porque fueron sus controles los que fallaron y no los de la administración andaluza.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Ávila ha sido preguntado sobre el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya confirmado este martes la decisión de Bruselas de reducir en 363 millones de euros las ayudas comunitarias a tres comunidades españolas, entre ellas Andalucía, que se vería afectada por una reducción en 219 millones, tras constatar "irregularidades sistémicas" en la adjudicación de contratos y el pago de los fondos.

Ha expuesto que este asunto se refiere al marco de apoyo comunitario 1994-99 y que a partir de unos análisis de la Comisión Europea, ha habido una "discrepancia" con el Gobierno de España sobre el programa operativo que se desarrollaba en Andalucía, que tenía la participación de la Junta y de prácticamente todos los ministerios.

Ha apuntado que todo el proceso de diálogo con la Comisión Europea lo ha llevado el Gobierno de España, que era la autoridad de gestión del programa.

A partir de ahí, según ha agregado, la Junta tiene que dialogar con el Ejecutivo de la Nación en torno a cómo se articula el mecanismo de retorno de parte de los fondos. Ha señalado que el análisis que la administración andaluza ha trasladado desde el principio al Ministerio de Economía es que "aquello que se ha detectado, por parte de los servicios de la Comisión Europea, que requiere esa devolución no forma parte de los mecanismos de control de la Junta, sino de los que desarrollaban los ministerios".

En este sentido, Ávila ha expresado que la Junta de Andalucía "no debe participar en esa devolución de crédito", sino que lo tiene que hacer el Gobierno español.

Ha querido dejar claro que no han fallado los controles de la Junta, sino de los ministerios y, por lo tanto, no se puede achacar a la administración autonómica "parte de esa responsabilidad en cuanto a lo que tiene que ser la devolución de esas cantidades".