El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, considera que "no se sostienen" los datos de pérdida de empleo ofrecidos por el sindicato CSIF acerca de la aplicación de la reforma de la administración local, tras lo que reconoce que "se tendrá que llevar a cabo una reducción e entes administrativos", aunque precisa que "la forma en que se acometerán esas medidas lo deberá determinar cada ayuntamiento uno a uno".

En declaraciones a los periodistas antes de clausurar en Sevilla las jornadas sobre 'Evaluación, transparencia y democracia', Beteta ha respondido a las estimaciones efectuadas el pasado lunes por CSIF, donde apuntaba que "entre 100.000 y 115.000 empleados públicos podrían ser despedidos como consecuencia de la reforma de la administración local".

Ante esto, Beteta deja claro que la reforma de la administración local "es algo necesario para la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en el sector".

Reconoce que "es obvio que el conjunto de administraciones locales tendrán que llevar a cabo una política de reducción de entes administrativos, consorcios, mancomunidades y empresas públicas, y, en consecuencia, los ayuntamientos deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de la ley".

En ese sentido, deja claro que "el cómo lo hagan será responsabilidad de cada uno de los agentes locales en función de lo dispuestos en la Constitución y en la legislación vigente, y cada administración local tendrá que hacerlo de acordarlo con sus trabajadores en función de la legislación vigente".

"Los entes locales deberán resolver uno a uno, cada uno con sus centrales sindicales, la decisión sobre entes, consorcios o mancomunidades que vayan a verse afectados por la ley", ha agregado Beteta, que apunta que, "en consecuencia, esa evaluación que hace CSIF no se sostiene en ningún dato", toda vez que "lo tendrá que ver uno a uno cada corporación local y dar una salida a los trabajadores, que en algunos casos serán personal funcionario, en otros será personal laboral fijo o de otra naturaleza".

Por tanto, considera que "es imposible en estos momentos cuantificar el efecto, puesto que la ley establece requisitos y condiciones, como por ejemplo, deben rendir cuentas, y tienen tres meses para ello, y nadie sabe si lo harán en ese tiempo".

"Dejemos que la ley funcione y una vez que la ley cumpla sus requisitos, cada uno deberá actuar como la ley indica, a través del diálogo con las organizaciones sindicales y cumpliendo con los principios de eficacia y eficiencia", ha agregado Beteta.

Asimismo, ha dejado claro que el Gobierno ha enviado el informe sobre la reforma de la administración local "a las 17 comunidades autónomas, a la Comisión Nacional de Competencia y al Consejo de Estado y a distintas asociaciones y federaciones de municipios, y esperamos las observaciones de todos ellos para elaborar un texto final que tendrá en cuenta las posiciones de todos los entes representativos, tanto autonómicos como locales".