La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Antonia Ruiz ha acusado a la Junta de Andalucía de "desmoronar" el sistema de Formación Profesional para el Empleo (FPE), de tal forma que, al acabar 2012, el 70 por ciento de las acciones formativas no se habían llevado a cabo por falta de liquidez y acceso al crédito de las entidades colaboradoras.

"La pasividad, la despreocupación y la improvisación no pueden ser la fórmula de gestión de un área tan delicada y útil como es la Formación Profesional para el Empleo", ha subrayado la parlamentaria 'popular', quien ha recordado que las acciones formativas anunciadas en 2011 para las ocho provincias andaluzas "deberían haber finalizado en septiembre de 2012, y aún no se ha hecho ni un tercio de lo previsto".

En este sentido, Ruiz ha lamentado que los desempleados andaluces "deambulen por las entidades colaboradoras sin encontrar oferta formativa a la que poder acogerse". "Con un 35,5 por ciento de desempleo en Andalucía, dejar este sistema paralizado y sin ningún atisbo de ser retomado desde que la competencia al respecto ha pasado a depender de la Consejería de Educación, no es lo más adecuado", ha criticado.

Al respecto, ha alertado de que este hecho conlleva "la destrucción de miles de trabajos en los centros colaboradores públicos y privados, así como el cierre de empresas ante el desconcierto y la nula información sobre el funcionamiento del sistema formativo del cual está a cargo la Consejería de Educación".

Por este motivo, el PP en el Parlamento andaluz ha decidido presentar una Proposición No de Ley (PNL), que ha salido adelante con el apoyo de IU, en la que se insta al Consejo de Gobierno a que dé una respuesta clara y de orientación a los desempleados demandantes de formación para que estos puedan valorar la situación y buscar vías alternativas de acceso a la formación.

Asimismo, la formación ha solicitado a la Consejería de Educación "que informe a las entidades colaboradoras de qué modelo formativo va a desarrollar, dándoles la oportunidad de adaptación a las nuevas realidades en las que se ven inmersas", además de "informar sobre cómo quedaría la ejecución de la formación de desempleados pendiente de ejecutar".

Por último, Ruiz ha señalado que no todas las administraciones "hacen dejación de funciones en este sentido", de tal forma que en los últimos cinco años el Gobierno central ha invertido en políticas activas de empleo 3.500 millones de euros, mientras que la cantidad que la Junta ha ejecutado, "pese a que es la competente, no supera los 1.000 millones".