El Ministerio Fiscal ha mantenido este viernes, en la última de las sesiones del juicio por el accidente que costó la vida a tres jóvenes en 2009 en Lavacolla, la petición de cuatro años de cárcel para el conductor del autobús en el que viajaba el equipo de voleibol.

En la última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia, la Fiscalía ha mantenido la petición de una pena de cuatro años de prisión para el acusado por tres delitos de homicidio imprudente y once de lesiones imprudentes, así como indemnizaciones para algunas de las víctimas, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución por la vía penal.

En este sentido, el fiscal considera que la declaración de los peritos y de los expertos "ha dejado resueltas" las cuestiones pendientes en este juicio y ha determinado que "no hubo ningún factor externo al acusando en el accidente".

En particular, ha visto probado que "el frenado convencional funcionó" y que el sistema de ABS, que sí falló, "no habría tenido ninguna incidencia en este accidente". "Nadie pone en duda que la velocidad fue la causa, junto con la desatención del conductor", ha sentenciado la Fiscalía, que, además de la prueba de tacógrafo, ha recordado que las marcas de frenado "confirman" que la velocidad del autobús era superior a los 100 kilómetros por hora.

Por su parte, los abogados de las acusaciones, que también han visto "probadas" estas cuestiones, han incidido en que el hecho de que las jóvenes hubiesen llevado puestos o no los cinturones de seguridad, "no serviría de nada en caso de vuelco". Al mismo tiempo, han reclamado indemnizaciones para las víctimas y sus familias dadas las secuelas que arrastran casi cuatro años después del suceso.

DEFENSA

Por su parte, la defensa del acusado reclama que el conductor sea absuelto por la vía penal, dado que considera que los hechos son constitutivos de una falta de imprudencia leve con resultado de muerte y 11 faltas de imprudencia leve con resultado de lesiones.

Al mismo tiempo, el abogado defensor ha reclamado que a su defendido se le apliquen, en caso de ser condenado, circunstancias modificativas como la reparación del daño causado o la dilación indebida del caso, dado que se juzga cuatro años después de los hechos y el acusado tardó un año en ser imputado.

Tras mostrar su "profundo pesar" por el suceso, la defensa del único acusado ha indicado que, a pesar de que en el juicio de ha declarado que el vehículo estaba en buen estado, "no la empresa es ejemplar, ni los vehículos eran ejemplares", algo que evidencia el hecho de que la empresa "está en concurso de acreedores".

Además, el abogado defensor considera que, si el ABS hubiese funcionado, podría haber "evitado lo que ocurrió en este caso", impidiendo que "el vehículo resbalase" y facilitando la frenada. "Probablemente se hubiese evitado el choque", ha explicado.

Finalmente, ha criticado que, dado que en un primer momento fue imposible extraer el disco del tacógrafo porque la bandeja estaba rota, "no se pudo acreditar" que este elemento "funcionase correctamente" y marcase la verdadera velocidad del autobús. "No tiene ningún sentido meter ahora en la cárcel a nadie por este suceso", ha sentenciado la defensa, que ve "dudas razonables" en el caso.

SUCESO

Según el escrito de la Fiscalía, el 3 de mayo de 2009 el acusado conducía el autobús siniestrado cuando, en torno a las 12.10 horas y al intentar acceder a la autovía A-54 "a una velocidad de 108,5 kilómetros por hora", inicia el acceso a una rotonda y, "dada la velocidad desproporcionada a la que circulaba el acusado, perdió el control del vehículo".

El texto agrega que el autobús volcó y chocó contra las barreras de la vía a pesar de que la calzada estaba seca y limpia y no participó ningún otro vehículo, por lo que la Fiscalía considera que la causa fue el exceso de velocidad. Como consecuencia del impacto, fallecieron tres personas de las 17 que iban en el autocar —incluido el conductor— y varias resultaron heridas.

Sin embargo, el acusado sostiene que el autobús tenía problemas mecánicos y frenaba mal, lo que le hizo perder el control al llegar a la rotonda en la que se produjo el siniestro. En concreto, el conductor asegura que no circulaba a más de 40 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en ese tramo, en el momento en el que produjo el accidente, algo que, sin embargo, contradicen tanto los datos del tacógrafo como las marcas de frenada y arrastre.