La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha solicitado este jueves al Ministerio de Justicia que exima del pago de tasas judiciales a las mujeres víctimas de violencia de género. Según Díaz, este hecho "está generando un grave perjuicio a las víctimas de violencia de género, que de momento no están exentas del pago de estas tasas en los procesos de divorcio y separación".

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Díaz también ha anunciado que la Junta ha presentado este jueves un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula la tasas judiciales y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, porque se trata de una norma "injusta e insolidaria, que supone un ataque directo y frontal al derecho a la igualdad y al derecho de las personas a la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra Constitución".

La consejera ha explicado que, en los procedimientos civiles de separación o divorcio de sus agresores, las mujeres víctimas de género deberán abonar tasas por un importe mínimo de 300 euros, que pueden alcanzar incluso los 1.200 euros en caso de recurrir", lo que supone un "claro ejemplo de la perversión en la aplicación de esta ley" y una medida que no atiende a criterios de proporcionalidad alguna".

En su opinión, este hecho impone a las víctimas de violencia de género "una traba económica adicional en su intento por superar el drama que sufren". Además, ha alertado de que esta penalización económica "conlleva el riesgo de provocar un descenso en la interposición de denuncias y de que muchas mujeres desistan de seguir adelante con las mismas".

Para la consejera, esto "inhabilita los avances conseguidos y las estrategias preventivas; provoca indefensión a las víctimas, las desprotege de los derechos que la Ley les reconoce y dificulta su salida de relaciones violentas".