La Policía ha desarticulado en las provincias de Albacete y Cuenca una red internacional dedicada a favorecer la inmigración ilegal mediante ofertas de trabajo irregulares y que ha culminado con la detención de cincuenta personas, entre ellas 37 empresarios.

El número de inmigrantes afectados se eleva a unos quinientos, la mayoría de nacionalidad marroquí, que llegaron a pagar hasta nueve mil euros por una oferta de trabajo irregular a través de asesorías de Villarrobledo (Albacete) y San Clemente (Cuenca).

En esta operación policial, iniciada el pasado mes de enero por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de la Policía de Albacete, también han sido detenidos trece intermediarios marroquíes y españoles y el beneficio obtenido por la citada organización se eleva a 4,5 millones de euros.

Regularización ilegal y engañosa

La investigación comenzó cuando la Policía tuvo conocimiento de que diversos empresarios españoles estarían regularizando a ciudadanos extranjeros de manera irregular a través de una asesoría de Villarrobledo (Albacete).

Las víctimas, de niveles sociales humildes de Marruecos, llegaron a pagar hasta nueve mil euros a cambio de una oferta de trabajo, sin que ésta implicara realmente el derecho a trabajar en la empresa ofertante, sino, únicamente, la obtención de un permiso de trabajo y un alta ficticia en la Seguridad Social.

Tanto las cuotas de la Seguridad Social como las tasas administrativas de expedición de la tarjeta corrían a cuenta de losperjudicados, hasta un total de 504.

La red ilegal, en la que también hay detenidos de nacionalidad marroquí, disponía de intermediarios que captaban a los inmigrantes en su país de origen y se ocupaban de su traslado a España.

Una vez en la península, gestores y asesores se ocupaban de los trámites administrativos necesarios y de captar a empresarios y particulares de Villarrobledo dispuestos a realizar ofertas laborales a cambio de entre los 1.200 y 4.800 euros, para que obtuvieran los permisos de trabajo.

Además "familiares de muchos de estos empresarios" presentaban ofertas laborales para cubrir puestos de trabajo en el servicio doméstico y así incrementar sus ganancias.

Los detenidos, en el caso de que tengan que afrontar finalmente un proceso penal por un delito contra los derechos de los trabajadores, podrían ser condenados a penas que oscilan entre los cinco y los diez años de prisión.