Los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba —PP, UCOR, IU y PSOE— han acordado este miércoles en el Pleno Ordinario de febrero crear una comisión para hacer el seguimiento de las mociones aprobadas en las sesiones plenarias.

En concreto, la comisión estaría constituida por un miembro de cada grupo municipal y un funcionario por cada área de la administración local, mientras que la periodicidad de las sesiones será cuatrimestral y en ellas se tratará sobre las propuestas aprobadas en dicho espacio de tiempo, así como otras que estén pendientes de ejecución.

Por otra parte, los grupos han aprobado que el Ayuntamiento respalde el Fondo Social de Viviendas para familias desahuciadas y de este modo se suma al consenso institucional que ha propiciado la puesta en marcha de esta iniciativa, "con la que miles de familias que han perdido su hogar y atraviesan una situación dramática van a tener una segunda oportunidad".

Asimismo, han instado a la Junta de Andalucía a que con la cantidad recibida de 3.209 millones de euros, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), se comience a liquidar la deuda generada con los ayuntamientos de la comunidad autónoma, instando al Gobierno central a incorporar como uno de los criterios prioritarios de utilización del FLA el pago de la deuda de las comunidades autónomas con los consistorios.

Reconsiderar cantidades del fla

Igualmente, piden al Ejecutivo central que al cierre del ejercicio se completen las cantidades comprometidas en el FLA, y reconsidere las cantidades solicitadas, además de que "con la mayor celeridad posible" se tramite en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley de Financiación de las Corporaciones Locales. Una Ley que "garantice el saneamiento de las cuentas de los ayuntamientos y permita una adecuada y justa financiación de los mismos", como recoge la moción conjunta aprobada en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba.

En otro orden de cosas, los grupos solicitan a la Junta de Andalucía y al Consistorio que realicen una reforma integral del Colegio Público San Vicente Ferrer, en la que cada administración asuma sus competencias para atender las necesidades educativas.

Además, en la sesión plenaria se han aprobado modificaciones o transferencias de crédito del presupuesto del actual ejercicio por un importe que ronda el millón de euros.