Muchas de las viviendas habitadas y construidas ilegalmente en Marbella están ahora amenazadas por sentencias judiciales. Así lo ve la Junta de Andalucía, que exigirá al TSJA el derribo de 5.000 de ellas edificadas en espacios de equipamiento público. Una reclamación que ya ha encontrado defensores y detractores.A favor
Defensor del Pueblo: Apoya que se tiren 334 viviendas –competencia municipal– que cuentan con siete sentencias firmes del TSJA.
Políticos: Consejeros, el presidente de la gestora y varios dirigentes del PSOE.
En contra
Promotores: Plantean que los propietarios eviten la demolición pagando al Ayuntamiento por la ocupación de equipamiento público.
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