El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha anunciado que el Govern ha iniciado los trámites de redacción del nou Pla per al Dret a l'Habitatge que tiene como objetivo principal priorizar los programas sociales de acceso a la vivienda.

El plan, para el que el ejecutivo catalán prevé una inversión mínima de 200 millones de euros, tiene, según Vila, como eje vertebrador "pasar de la protección de las viviendas a la protección de los ciudadanos".

De este modo, se espera modificar la regulación de las viviendas de protección oficial, desarrollar acciones específicas en las principales areas de riesgo de exclusión residencial y fijar los precios de venta de pisos protegidos a partir de los de alquiler, entre oltras acciones.

Facilitar el acceso a la vivienda, evitar la exclusión social residencial e impulsar la actividad del sector de la construcción para recuperar la ocupación en las areas territoriales donde se considere necesario. Estos son los ejes básicos del nuevo Pla per al Dret a l'Habitatge para los próximos cuatro años que este martes ha presentado el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila.

Un plan, ha puntualizado Vila, que se concretará con un decreto en la primera semana de marzo y que el ejecutivo catalán espera que supere el trámite parlamentario "lo antes posible".

Santi Vila ha asegurado que el plan tiene una clara vocación social orientada a garantizar un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda y que la crisis económica ha puesto en peligro.

Por eso, el Govern espera destinar una inversión mínima de 200 millones de euros a los programas sociales vinculados al plan en los próximos cuatro años. Unos programas que otorgarán más protagonismo al alquiler que a la nueva construcción y que buscará la recuperación económica del sector impulsando la rehabilitación.

Estos 200 millones de euros se destinarán, por ejemplo, a extender las ayudas económicas para las familias que han perdido su vivienda por motivos económicos.

El plan contempla ampliar a las familias que ya han perdido su casa las ayudas urgentes para personas en riesgo de desahucio. Se otorgarán hasta 3.000 euros anuales para pagar el alquiler de otro piso y los gastos de la fianza. Se calcula que se podrán beneficiar 2.000 familias que han padecido una ejecución hipotecària. La cifra llegará a las 4.000 familias, si se añaden las ayudas preventivas para los hogares que estén en riesgo de desahucio.

Como ha asegurado Vila, el acceso a la vivienda ya no se puede basar exclusivamente en fomentar la obra nueva de compra-venta. De hecho, ha puntualitzado, el 86% de los inscritos en el Registro de solicitantes de pisos de protección oficial los piden en régimen de alquiler, un aspecto que, obligatoriamente, condiciona todo el plan.

Aquí, Vila ha añadido que "los hábitos han cambiado" y que se ha pasado en pocos años de una situación  "en la que la vivienda era una fuente de seguridad a ser un lastre".

El plan incentivará el alquiler de pisos vacíos endureciendo las políticas de mediación, con el objetivo de sacar viviendas privadas desocupadas al mercado de alquiler social.

De acuerdo con el segundo eje de actuación, el Govern ha constatado la necesidad de impulsar el sector de la construcción residencial para facilitar la existencia de una oferta suficiente y, al mismo tiempo, para recuperar la ocupación de este sector económico.

Para Vila, este impulso del sector de la construcción ha de tener en cuenta las diferencias territoriales y las nuevas formas de propiedad y uso demandadas por la población.

En este sentido, Vila ha anunciado una reforma del Codi Civil de Catalunya para graduar la propiedad de la vivienda en función de las nuevas demandas de la sociedad comtemplando, por ejemplo, la propiedad intermedia y temporal, como soluciones a la restricción del crédito.

En los Acords de Govern adoptados este martes, se ha especificado esta nueva modalidad, que suma nuevos modelos de tenencia intermedia de pisos para que las familias con problemas de pago del préstamos puedan pactar con las entidades financieras titularidades compartidas o temporales para poder continuar en su casa. A parte de evitar desahucios, la medida facilita el acceso a la vivienda.