La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomienda al Gobierno español que solo pague prestaciones por desempleo a aquellas personas que busquen (o demuestren que buscan) activamente un trabajo, excluyendo a quienes mantienen la prestación y no acuden a las oficinas de empleo.

En el informe sobre propuestas de reformas económicas para 2013 presentado en Moscú, el organismo sugiere que el Ejecutivo debería controlar "de manera más cercana" los esfuerzos en la búsqueda de empleo de los beneficiarios de prestaciones, vinculando los pagos "a los resultados".

En paralelo, la OCDE califica como "baja" la baja efectividad de los servicios públicos de empleo, lo que "frena" la colocación de los desempleados en el mercado de trabajo. La organización internacional aboga por que España cree mecanismos para evaluar los servicios regionales de empleo (oficinas que dependen de las Comunidades Autonómas) y porque se amplíe la ampliar la oferta educativa de reinserción laboral.

Otra prioridad para que la economía española empiece a crecer es, según la OCDE, flexibilizar los salarios y vincularlos a las condiciones económicas de cada momento y no a los convenios colectivos o sectoriales.

El Gobierno de Mariano Rajoy no rechaza esta idea. De hecho, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, y el Banco de España se han mostrado favorables a la medida, que rechazan por completo los sindicatos. El anterior Ejecutivo, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ya dio el 'no' por respuesta cuando la canciller alemana, Angela Merkel, le trasladó la misma sugerencia.

Los expertos del organismo internacional felicitan a España por las medidas adoptadas en este sentido a lo largo de 2012, una de las cuales introduce el arbitraje obligatorio en la negociación de nuevos convenios colectivos. No obstante, recomienda a Madrid eliminar la prórroga de los convenios caducados cuando las partes no lleguen a un acuerdo para su renovación, fijado en la actualidad en un año.

La OCDE también repara en la Educación como uno de los principales problemas de España y señala en su informe que el bajo nivel de educación secundaria y universitaria reducen la competitividad de los trabajadores y la productividad en general.

Entre las medidas adoptadas, los expertos alaban la restricción en el acceso a las becas a la universidad y algunos aspectos de la reforma educativa obligatoria emprendida por el Gobierno, que incluyen el reforzamiento de las materias troncales básicas y la introducción de una orientación vocacional en el último curso.

Sin embargo, pone el acento en que la educación vocacional debe integrarse  con contratos de formación profesional y recomienda introducir un sistema de financiación que permita a todos los universitarios costearse su carrera y devolver el préstamo tras su incorporación al mercado laboral, como ocurre, entre otros, en EE UU.