Cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos, uso de información privilegiada y prevaricación son los delitos que imputa la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo, Pilar de Lara, a la mayoría de los nueve detenidos este jueves en el marco de las investigaciones derivadas de la Operación Pokémon. No obstante, a alguno de los arrestados también le imputa falsedad documental y blanqueo de capitales.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, las cuatro detenciones llevadas a cabo este jueves en Galicia, otras cuatro en Cataluña y la que tuvo lugar en Asturias se producen a raíz de la instrucción de Pilar de Lara en torno a la Operación Pokémon, que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos a cambio de la adjudicación de servicios públicos y su renovación en el tiempo.

Mientras que el eje central de la Operación Pokémon es el entramado de Vendex, un grupo de más de 30 sociedades que ofrece diversos servicios de mantenimiento en varios ayuntamientos, las investigaciones han provocado que afloren nuevas empresas. Así, esta nueva rama que investiga la jueza Pilar de Lara ha sido bautizada como Operación Manga.

Entre los nueve detenidos figuran personas vinculadas a la empresa Aquagest, cuya sede en Santiago de Compostela ha sido sometida a un exhaustivo registro que se prolongó hasta esta tarde. Así, uno de los arrestados es el delegado de Aquagest en Santiago, José Luis M.R., mientras que el único detenido en Asturias es Francisco Joaquín Fernández Díaz, miembro del PP asturiano, quien también tiene una relación profesional con esta firma de gestión de aguas.

Aparte de presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández es propietario de una empresa de consultoría e ingeniería y, según las fuentes consultadas, empezó como un simple comercial de Aquagest para la zona del occidente, pero luego pasó a la zona centro, para llevar toda un territorio más amplio, desde la oficina de Avilés, como Cantabria o Galicia. Fue cogiendo poco a poco más responsabilidades, incluso en Barcelona, para controlar diversos contratos de la compañía.

Aquagest es la empresa que gestiona las lecturas de los contadores de suministro de agua potable en Santiago de Compostela y también es la gestora del servicio municipal de agua en la localidad asturiana de Cangas de Narcea, en cuyo ayuntamiento este jueves también se ha requerido documentación.

Entre los otros tres detenidos en Galicia figura el concejal delegado de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Tráfico, Grúa y ORA en el Ayuntamiento de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, en cuya vivienda ubicada en la parroquia compostelana de Aríns se ha desarrollado esta mañana otro de los registros.

Asimismo, también fue detenido Ángel Espadas, exasesor de Gerardo Conde Roa, que había tenido que renunciar a ir en las listas del PP de las pasadas municipales tras haber sido pillado ebrio y dormido al volante de su vehículo.

Precisamente, en la vivienda de Conde Roa, quien tuvo que presentar su dimisión como alcalde en abril de 2012 tras ser imputado por supuesto delito fiscal, se desarrolló esta mañana otro de los registros. En su residencia, ubicada en la calle San Roque, funcionarios de la Agencia Tributaria se llevaron varias cajas de documentación tras un registro que se prolongó durante unas cuatro horas.

Una persona próxima a Ángel Espadas, el asesor cultural y organizador de eventos como conciertos y espectáculos Jesús F.M., también es uno de los detenidos en la Operación Manga. Según fuentes consultadas, ambos comparten amistad y colaboran en algunos negocios.

Por su parte, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera también se personaron esta mañana en el Consistorio compostelano, donde recabaron varios expedientes en los departamentos de contratación, tráfico e informática, así como en la secretaría del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. A mayores, el Ayuntamiento compostelano ha recibido tres oficios del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo para reclamar información adicional sobre diversos expedientes.

Ramificaciones en cataluña

Esta nueva trama de corrupción se ha extendido también a Cataluña, donde la jueza Pilar de Lara ha ordenado la detención del alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona), Robert Fauria i Danés, de CiU. Además de registrar el despacho de este alcalde, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera inspeccionaron desde primera hora el Consejo Comarcal de La Selva en Santa Coloma de Farners (Girona), que preside Fauria, y dependencias del Patronato y de 'Xaloc' de la Diputación de Girona —dedicadas a la gestión de las cuentas de los pequeños ayuntamientos de la provincia—.

También en Cataluña fueron detenidos el jefe del departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía del Consell Comarcal de la Selva, J.C.F.M., así como el apoderado de la empresa GRS Arc Local, J.M.F.I.G. y el administrador, A.R.V. También ha habido registros en las dependencias de esta empresa y en los domicilios de los dos empresarios detenidos en Lloret de Mar (Girona) y en Barcelona, así como en el Patronato de Turismo Girona-Costa Brava.

Las previsiones del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo son que los detenidos empiecen a pasar a disposición judicial a partir de las 9.00 horas de este viernes. Empezarán a declarar ante la jueza Pilar de Lara los cuatro arrestados en Galicia, continuará el de Asturias y finalizarán los cuatro detenidos en Cataluña.

Más de 30 IMPUTADOS

Entre los más de 30 imputados en la Operación Pokémon figuran hasta el momento cinco alcaldes, el último de ellos el de O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes (PP). No obstante, la detención en esta operación provocó la dimisión de Francisco Rodríguez (PSOE) como regidor de Ourense y de Adolfo Gacio (PP) como regidor de Boqueixón (A Coruña). Ambos fueron detenidos el pasado mes de septiembre y salieron de prisión tras abonar sendas fianzas.

En la Operación Pokémon también fueron imputados el alcalde de Lugo, Xose Clemente López Orozco —quien también es presidente del PSdeG—, y el regidor de Santiago, Ángel Currás (PP), pero ambos han rechazado dimitir por esta causa.

Entre los más de 30 imputados en esta instrucción, aparte de personal relacionado con la empresa Vendex y funcionarios, figuran otros políticos como Fernando Varela, quien presentó su dimisión como concejal del BNG en Ourense, o la edil de Educación de Santiago, Rebeca Domínguez.

Además, uno de los principales imputados en esta causa es el expresidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, el socialista Francisco Fernández Liñares, quien llevó diversas concejalías en el Ayuntamiento de Lugo.