El Consejo de Gobierno rechaza la tramitación de la Propuesta de Ley sobre Renta Mínima presentada por el PSOE

El Consejo de Gobierno ha manifestado su "no conformidad" a la tramitación de la Propuesta de Ley de Renta Mínima de Inserción Social de Extremadura formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas), ya que ésta implica "un aumento de los gastos en el ejercicio corriente que no es asumible".

El Consejo de Gobierno ha manifestado su "no conformidad" a la tramitación de la Propuesta de Ley de Renta Mínima de Inserción Social de Extremadura formulada por el Grupo Parlamentario Socialista (PSOE-Regionalistas), ya que ésta implica "un aumento de los gastos en el ejercicio corriente que no es asumible".

Así se ha puesto de manifiesto en el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo extremeño ha celebrado este martes, y que ha recordado que la Consejería de Salud y Política Social tiene presupuestado algo más de 13 millones de euros para la Ley de Renta Básica extremeña, pero la propuesta del PSOE "superaría ampliamente esa cifra", según las estimaciones del Ejecutivo autonómico.

Por ello, según informa el Gobierno extremeño en nota de prensa, una vez admitida a trámite por la Mesa de la Asamblea la Propuesta de Ley de Renta Mínima de Inserción Social de Extremadura formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura, en la medida en que "implica un aumento en el ejercicio corriente no asumible de los gastos", el Gobierno de Extremadura ha manifiesto su "no conformidad a la tramitación de la Propuesta de Ley presentada por los socialistas".

El Ejecutivo extremeño rechaza por tanto la tramitación de la propuesta de ley de los socialistas acogiéndose a lo establecido a la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el reglamento de la asamblea, explica.

De acuerdo con esta legislación citada, explica el Ejecutivo, se exige como trámite previo a la tramitación de una propuesta de ley formulada por alguno de los grupos parlamentarios, que el gobierno se pronuncie de forma favorable o contraria a su tramitación, en función de si afecta al estado de gastos o puede suponer disminución de ingresos.

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