La juez de Sevilla que investiga, entre otros asuntos, los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya, ha presentado un nuevo parte de baja laboral por enfermedad para otros 20 días, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

La magistrada, a la que el último parte de baja le cumplía este jueves, acumula cerca de cinco meses de baja tras abandonar su actividad en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el día 12 de septiembre del pasado año 2012 debido a las fuertes cefáleas que sufría desde que se incorporó a su órgano judicial una vez concluidas las vacaciones de verano.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, Mercedes Alaya se encuentra "mejor", pues los médicos le están aplicando un nuevo tratamiento que parece puede ser el definitivo y, de esta forma, acabar con sus dolencias, por lo que la intención de la magistrada es reincorporarse al Juzgado antes incluso de que se agote el periodo fijado en el nuevo parte de baja.

La nueva baja de la magistrada titular implicará, con casi toda seguridad, que los dos jueces de refuerzo destinados a este órgano judicial eleven al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para su aprobación en Sala de Gobierno, una propuesta de reparto de los asuntos que instruye el Juzgado.

'MACROCAUSAS'

Y es que, además de los ERE, el Juzgado de Instrucción número 6 investiga tres 'macrocausas', como son la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja, y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié.

Ante la baja de Mercedes Alaya, el TSJA decidió nombrar por un periodo mínimo de seis meses a dos jueces para reforzar el Juzgado, como son los jueces de adscripción territorial Rogelio Reyes y Ana Rosa Curra, quien precisamente ha dictado un auto prorrogando por tercera vez el secreto de sumario que pesa sobre el caso de los ERE fraudulentos.

El secreto de las actuaciones fue solicitado en su día por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

Las últimas decisiones en el caso ere

Dentro de esta investigación, el pasado día 15 de enero fue detenido e ingresó en prisión provisional, por orden de Ana Rosa Curra, Juan Francisco Algarín, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los ERE financiados por la Junta.

Y es que Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros, según los datos que maneja la UCO de la Guardia Civil.