Los principales sindicatos de función pública (CIG, CC.OO., UGT y CSIF) han anunciado este lunes que esta misma semana abrirán dos frentes judiciales para reclamar la paga extra que se suprimió el año pasado a estos trabajadores.

Para el caso del personal laboral, los sindicatos presentarán un conflicto colectivo, correspondiente en primer lugar al personal del V Convenio Colectivo de la Xunta, que es el más numeroso. A esta, seguirán medidas similares con el personal laboral de las universidades y de otros ámbitos, ha explicado el presidente de CSIF en Galicia, José Francisco Méndez, que ha señalado que el plazo para recurrir a esta vía es de un año y los conflictos colectivos se presentarán "de uno en uno, según vayan saliendo las sentencias".

Además, existe ya la providencia de la Sala de la Audiencia Nacional en la que se valora la posible inconstitucionalidad de la Ley 20/2012 y una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la que se repone parte de la extra, han destacado los sindicalistas.

"Esa no es la sentencia que nosotros queremos, pero supone, en todo caso, un avance", ha valorado la portavoz de Área Pública de la CIG, María Carme López Santamariña. El resultado por esta vía, han indicado los sindicatos, "es vinculante para todo el colectivo".

En cuanto al personal funcionario, el proceso es "más complicado", puesto que es necesario recurrir a la vía contencioso-administrativa de forma individual. Llegar hasta el Tribunal Supremo con un caso así, algo que prevén que sucederá, puede costar unos 5.000 euros, han avisado.

Por ello, han optado por que cuatro trabajadores, pertenecientes a cada uno de los sindicatos, presenten demandas para el Servizo Galego de Saúde (Sergas), para la enseñanza y para la administración general de la Xunta. Las demandas serán presentadas a título personas por representantes de las cuatro organizaciones y se hará constar su condición en la presentación del escrito.

En este caso, han expuesto, primero se presentará una reclamación previa y, agotada la vía administrativa, se irá al contencioso. "Se intentará que, una vez que haya una sentencia favorable, esta se extienda al conjunto del personal", ha señalado Méndez.

Evitar fallos en contra

A este respecto, el representante de CC.OO., Emilio Doforno, ha pedido "tranquilidad" a los trabajadores, puesto que "los sindicatos van a promover reclamaciones colectivas". Además, ha pedido a los funcionarios que no emprendan acciones individuales, dado que una sentencia en contra puede condicionar el proceso y han considerado que el coste —de llegar hasta el Tribunal Supremo puede ser de unos 5.000 euros— puede disuadir al demandante de presentar recursos y que la acción perjudique a otras demandas.

En el caso de los funcionarios, han explicado los sindicatos, estas organizaciones no tienen legitimación para actual en nombre de los empleados en reclamaciones por cantidades, motivo por el que es necesario acudir a acciones individuales. Los plazos son también más largos y hay hasta cinco años para reclamar en Galicia y cuatro en el Estado.

Más protestas

En cualquier caso, los sindicatos de función pública han advertido de que continuarán con las protestas por la reducción de salario que supone el proyecto de presupuestos para 2013 —reduce en un 60% las pagas extras—.

En este sentido, el responsable de CSIF ha avanzado que se concentrarán ante el Parlamento en día en que se aprueben los presupuestos gallegos para 2013.