CHA pide al Ayuntamiento de Ejea que no tenga relación financiera con entidades que ejecuten desahucios

El grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros solicitará en el pleno de este lunes que el consistorio ejeano no tenga relación financiera con las entidades que no acepten la moratoria y sigan ejecutando desahucios.
Ejea, paseo constitucion
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EUROPA PRESS
Ejea, paseo constitucion

El grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros solicitará en el pleno de este lunes que el consistorio ejeano no tenga relación financiera con las entidades que no acepten la moratoria y sigan ejecutando desahucios.

El portavoz de CHA, Alberto Celma, explica que "muchas familias está siendo desahuciadas de sus casas por algunas de las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público y ante esta situación, y las insuficientes medidas tomadas por el Gobierno, es preciso que desde los ayuntamientos tomemos medidas que, si no palian la situación de los desahuciados, penalicen a quienes están provocando este daño".

Asimismo, CHA reclama en su moción que en el plazo más breve posible se presente un proyecto de reforma de la legislación hipotecaria, procesal y mercantil que aborde medidas contra el sobreendeudamiento hipotecario personal y familiar, la limitación de los intereses de demora, la regulación de las cláusulas de suelo y techo en las hipotecas o la dación en pago como fórmula de satisfacción total de la deuda.

Alberto Celma recuerda que "los desahucios afectan a familias enteras, que tienen desempleados de larga duración y en ocasiones sin ningún miembro de la familia trabajando, siendo estos los efectos más dramáticos de la crisis que padecemos. No es admisible que en un Estado social y democrático se estén produciendo desalojos mientras existen miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social".

Otro acuerdo de la moción es la derogación del decreto de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, aprobado por el Gobierno de España. Celma indica que "este decreto no resuelve el problema, es insuficiente, por lo que es necesaria la reforma integral de la vigente Ley Hipotecaria".

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