Parlamento vasco pide que se excluya a las personas físicas de la obligación de pagar tasas judiciales

El Parlamento vasco, con el apoyo del PNV, el PSE-EE y UPyD, ha instado al Gobierno central a "excluir" de forma urgente a las personas físicas de la obligación de pagar las tasas judiciales contempladas en la nueva ley impulsada por el Gobierno central y aprobada a finales del año pasado.
Pleno del parlamento vasco
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PARLAMENTO VASCO
Pleno del parlamento vasco

El Parlamento vasco, con el apoyo del PNV, el PSE-EE y UPyD, ha instado al Gobierno central a "excluir" de forma urgente a las personas físicas de la obligación de pagar las tasas judiciales contempladas en la nueva ley impulsada por el Gobierno central y aprobada a finales del año pasado.

Este emplazamiento al Ejecutivo central aparece recogido en una iniciativa consensuada entre el PNV, el PSE y UPyD, aprobada por el pleno de la Cámara autonómica, que ha debatido sobre este asunto a propuesta de los socialistas. EH Bildu se ha abstenido en la votación y el PP ha votado en contra.

El texto finalmente aprobado denuncia la "extensión indiscriminada de las tasas judiciales a toda la ciudadanía" contemplada en la ley aprobada el pasado mes de noviembre -que salió adelante en el Congreso con el único apoyo del PP—.

También critica la subida generalizada de la cuantía de las tasas "sin respetar el principio de proporcionalidad en relación con la capacidad económica de los ciudadanos".

Estas medidas, según se recoge en el texto aprobado por el Parlamento vasco, "obstaculizan o impiden, en la práctica, el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

Por ese motivo, insta al Gobierno central a "adoptar urgentemente las medidas necesarias para excluir a las personas físicas como sujetos obligados al pago de las tasas judiciales", así como a garantizar que "nadie se vea limitado a su derecho de acceso a la justicia por no poder hacer frente al pago de la tasa judicial".

Por otra parte, la Cámara autonómica ha aprobado otra resolución —en este caso con el apoyo del PNV y el PP y la abstención del resto de partidos— a través de la que insta al Gobierno vasco a adoptar medidas para "solventar las disfuncionalidades" planteadas en la aplicación del Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobado en junio de 2012 por el anterior Ejecutivo autonómico.

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