La Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales ha rechazado el mecanismo de arbitraje anunciado por el Gobierno español para dar salida al problema de los afectados por las preferentes. La secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, califica el mensaje lanzado de "confuso e inútil" y considera que induce a error a las personas afectadas, lo que pone en evidencia "el desconocimiento del Sistema Arbitral".

La responsable de Consumo ha manifestado en un comunicado que "no estamos ante un verdadero arbitraje de consumo sino ante un sucedáneo desnaturalizado porque dicho mecanismo tan solo se prevé para los adquirientes de participaciones de algunas de las entidades financieras ya intervenidas por el Estado, y deja fuera a las no intervenidas, es decir, la mayoría". Frente a ello, la Secretaría General considera que la solución "debe ser integral y no sólo para una parte de los afectados".

La Junta asegura también que el mecanismo de arbitraje "parece no contar con la participación de todas las comunidades autónomas" y, en ese sentido, niega haber recibido ninguna comunicación del Gobierno español explicando el mencionado proceso de arbitraje, lo cual, en su opinión, "dificulta enormemente la colaboración".

La Secretaría General de Consumo considera que el propio planteamiento "induce a confusión puesto que el Sistema Arbitral de Consumo, regulado por el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, establece que la persona consumidora y la empresa aceptan que un tercero imparcial (el órgano arbitral) decida quien tiene la razón". "De este modo, cuando la persona consumidora plantea su solicitud de arbitraje asume que puede que el laudo estime su pretensión o que le de la razón a la empresa", añade.

Sin embargo, según continúa explicando en el comunicado, el mecanismo que plantea el Ministerio de Industria es "diferente y da a entender que todos aquellos reclamantes que pasen el filtro de una empresa consultora privada, que se convierte en verdadero juez preliminar de la controversia, obtendrán un laudo estimatorio de sus pretensiones con el límite del valor nominal de su producto".

"Ninguna empresa privada ni comisión de seguimiento pueden limitar la libertad ni capacidad del órgano arbitral para dictar el laudo que estime oportuno, siempre que sea conforme a la Ley. Las limitaciones de indemnización (valor nominal) o de competencia territorial (la Junta competente) planteadas deben aprobarse siguiendo la tramitación prevista, esto es, una Resolución de la Junta Arbitral de Consumo Nacional previo informe favorable de la Comisión de Juntas Arbitrales de Consumo, aunque el citado procedimiento no advierte nada al respecto", señala Consumo.

COMPETENCIAS

Por otro lado, Dolores Muñoz ha denunciado la "usurpación de funciones administrativas ajeno al Sistema Arbitral de Consumo vigente" por el hecho de que sean empresas privadas las que realizan el filtrado de expedientes. Insiste, además, en que "desde la Junta de Andalucía concebimos el arbitraje como un servicio de carácter público".

La responsable de Consumo apunta que la propia concepción del mecanismo arbitral "carece del mínimo rigor exigible" puesto que en el caso de las entidades financieras a las que se dirige la medida, las ya intervenidas, es el propio Estado el empresario. Por ello, entiende que "si verdaderamente hubiera voluntad real de solucionar el problema no sería necesario tanto artificio". A su juicio, "bastaría con que se aclarara a quiénes se les va a devolver el dinero, cómo se va hacer efectiva la devolución, y cuándo sin necesidad alguna de montar esta pantomima arbitral".

Por último, Muñoz ha recalcado la "inutilidad de la Comisión de Seguimiento, ya que algunas de sus funciones son ejercidas por el Instituto Nacional de Consumo e invade competencias propias de las Juntas Arbitrales de Consumo".

En todo caso, la Secretaría General de Consumo viene realizando desde hace más de un año una intensa labor para solucionar el problema derivado de la adquisición de participaciones preferentes. Entre otras iniciativas, se han llevado a cabo campañas de información y asesoramiento a la ciudadanía, mediación con entidades financieras, colaboración con la Fiscalía Superior de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz, incoación de expedientes sancionadores a los bancos presuntamente infractores y negociación directa con las entidades reclamadas como es el caso de CaixaBank, con la que se ha abierto una línea de colaboración para solucionar todos los conflictos de manera individualizada.