El juzgado ha dado la razón al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) en la subrogación de los trabajadores del servicio de basuras y jardines, lo que ha llevado al alcalde, Goyo Chamorro, a ordenar el desalojo de los cuatro encerrados en el salón de actos del edificio consistorial.

El juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de León ha dictado este miércoles un auto en el que se deniega la medida cautelar solicitada por la representación del Sindicato USO contra la subrogación de personal de limpieza en el Ayuntamiento de San Andrés.

El sindicato USO presentó un recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 27 de noviembre de 2012 referente a la subrogación del personal de los contratos de gestión de servicios de Urbaser y de servicios de Grupo Raga, y en el que como medida cautelar se pedía por el mencionado sindicato se suspendiese la ejecutividad de ese acto.

A raíz de este acuerdo, los ex trabajadores de las empresas Raga y Urbaser decidieron encerrarse en el salón de plenos del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo como medida de protesta y con el fin de permanecer en el mismo hasta que la Junta de Gobierno determinara si era competencia o no la subrogación de los empleados.

El Consistorio de este municipio del alfoz leonés se opuso a esa medida cautelar por considerar que no se cumplían los requisitos establecidos en la Ley y, ahora, el auto acuerda "que no existe ilegalidad en el acuerdo adoptado" por el alcalde de San Andrés, Goyo Chamorro, como indica un comunicado de prensa municipal recogido por Europa Press.

El juez en su auto acuerda denegar la medida cautelar solicitada por el Sindicato USO haciendo que el encierro que mantiene los ex trabajadores "esté vacío de contenido y carezca de sentido", motivo por el cual se ha decretado el desalojo de los cuatro ex empleados que hasta el momento permanecen en el salón de plenos.

Once encerrados

Cabe recordar que once ex empleados de las empresas Raga y Urbaser decidieron encerrarse en el Ayuntamiento de San Andrés una vez finalizado el contrato de servicios entre el consistorio y las empresas y de que estas decidieran despedir a los trabajadores.

El pasado día 8 de enero y tras una votación, los ex trabajadores decidieron poner fin al encierro, comunicándolo formalmente a Chamorro, pero finalmente cuatro de los encerrados, que habían participado con anterioridad en la votación, deciden reincorporarse al encierro.