Adicae considera que el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE por el que se creará una comisión para analizar los casos de venta de preferentes "no amplía las garantías del arbitraje", y entiende que las 300.000 familias afectadas por la "mala" comercialización de estos productos financieros "están siendo tratados como accionistas de manera injusta".

La asociación defiende que la comisión "no será más que un filtro posterior al asesor privado contratado por las entidades financieras" y resalta que "tan sólo constatará si la selección se ha realizado según los criterios establecidos por la entidad contratada por la banca".

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, asegura que en esta polémica "manda la banca, los asesores financieros y los auditores". "Son ellos los que deciden qué usuarios pueden acceder al arbitraje", añade.

La asociación ve esta fórmula "como discriminatoria" y subraya que "desvirtúa el carácter universal del arbitraje de consumo. Por ello, apuesta por un arbitraje colectivo, formado por un colegio arbitral en vez del arbitraje único propuesto". Además, señala que "es necesario dar la opción a los usuarios de realizar un arbitraje telemático para facilitar los trámites a las personas que no residen en Madrid".

"No rechazamos el arbitraje, pero tal y como está planteado no es la solución, dado que sólo alcanzará a un número muy limitado de afectados y de manera arbitraria", ha dicho el presidente de la asociación.

Pese al acuerdo alcanzado, Adicae mantiene las movilizaciones organizadas en defensa de los preferentistas junto con diversas plataformas de afectados para el sábado 2 de febrero, que tendrán lugar en ciudades como Madrid, Santiago de Compostela, Barcelona, Valencia, Cáceres, Valladolid, Murcia, Bilbao o Logroño, entre otras.