Fiscal pide 6 años de cárcel para titular de una empresa acusado de ofrecer trabajo a cambio de 1.000 euros

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia juzga este miércoles, a partir de las 11.30 horas, a un individuo, titular de una empresa y regente de una asesoría, acusado presuntamente de ofrecer trabajo y facilitar tarjetas de residencia a cambio de 1.000 euros por contrato. El fiscal pide seis años de prisión por tales hechos.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia juzga este miércoles, a partir de las 11.30 horas, a un individuo, titular de una empresa y regente de una asesoría, acusado presuntamente de ofrecer trabajo y facilitar tarjetas de residencia a cambio de 1.000 euros por contrato. El fiscal pide seis años de prisión por tales hechos.

Según las conclusiones del Ministerio Público, a las que ha tenido acceso Europa Press, este vecino de Archena, valiéndose de sus conocimientos sobre financiación y asesoramiento fiscal, entre finales de 2008 y durante el año siguiente se dedicó a facilitar u obtener permisos de residencia y trabajo, para lo que captaba, de forma indiscriminada, a ciudadanos extranjeros, la mayoría de ellos en situación irregular en España, y les ofrecía un contrato de trabajo fraudulento a cambio de 1.000 euros.

Les ofrecía a estas personas, que se encontraban en situación de "extrema" necesidad en España, la posibilidad de regularizar su situación administrativa y así les entregaba contratos de trabajo fraudulentos.

El procesado le exigía por ello la entrega de una cantidad inicial, en la mayoría de los casos de 500 euros, a cambio de la documentación fraudulenta y falsa, quedando obligados a abonar el resto del precio, generalmente la misma cantidad, cuando obtuvieran el correspondiente permiso de residencia.

Según la base de datos de la Oficina de Extranjería de Murcia, a fecha de 9 de octubre de 2009, se habían presentado hasta 57 solicitudes en diferentes oficinas de extranjeros desde noviembre de 2008 hasta septiembre de 2009.

Igualmente, se averiguó que en diferentes provincias había presentado solicitudes en las que figuraban ofertas de empleo de dicha empresa.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que procede imponer seis años de cárcel y las correspondientes indemnizaciones a los afectados.

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