El portavoz socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, ha manifestado este jueves que dados los destrozos descubiertos en la antigua sede de la Policía Local de la isla de la Cartuja, enajenada por el Consistorio en favor de la empresa de construcción e ingeniería 'Detea', es necesario esclarecer si ha existido un "expolio institucional organizado". En ese sentido, ha reclamado al Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido una "aclaración rotunda" ante la oposición y la opinión pública, sobre todo porque un juzgado requería ya en septiembre de 2012 al Ayuntamiento detalles en cuanto a estos hechos.

El edificio en cuestión fue adquirido por la empresa Detea al Ayuntamiento el 29 de diciembre de 2009 pero siguió albergando las instalaciones de la Policía Local hasta mediados de 2012. El pasado 25 de mayo, el personal de Detea visitó las instalaciones para evaluar si estaban en perfecto estado con el objetivo de estudiar si ubicar en ellas sus oficinas. Días después, el 15 de junio, fue firmada la entrega del edificio por parte del Ayuntamiento sin que, hasta el 19 de junio, los responsables de la empresa advirtieran del elevado estado de deterioro del inmueble, que según refleja un informe derivado de una inspección posterior, había sufrido el "desmantelamiento" de su equipamiento e instalaciones. Detea, de cualquier modo, elevó los hechos a la Policía Nacional el 20 de junio de 2012.

Imputados los trabajadores de una chatarrería

Fruto de esta denuncia, el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla ha incoado unas diligencias en las que figuran como imputados cuatro trabajadores de una chatarrería que fueron detenidos y que han prestado declaración, según figura en la documentación de un atestado policial al que ha tenido acceso Europa Press. En el atestado figura también, entre otros muchos documentos, el testimonio de un testigo que, ante los investigadores, manifestaba ser "cuñado" de un agente de la Policía Local de Sevilla y que éste le "comentó" que, como consecuencia de la evacuación de las dependencias municipales de la isla de la Cartuja, "querían desprenderse" de unas taquillas. Este agente habría manifestado a su cuñado, según la declaración de este último, que contaba con "autorización" y le propuso que se encargase "de la gestión" del destino de las taquillas.

El cuñado de este agente ha testificado que contactó con la chatarrería involucrada en los hechos y acordó la "retirada" de las taquillas con el encargado del negocio. Después, y según su declaración, medio una "factura" y el declarante compartió el dinero recibido con su cuñado, el agente de la Policía Local. Finalmente, entre el 10 y el 13 junio fueron "recogidas" las mencionadas taquillas.

Las taquillas y el cuñado

El agente de la Policía Local aludido por su "cuñado", por su parte y según su acta de declaración ante la Policía Nacional, ha reconocido que entre el 9 y el 12 de junio de 2012 estuvo "coordinando las tareas de evacuación de unas taquillas que había" en el edificio en cuestión dada la inminente entrega de las instalaciones. Ha admitido que estas 500 taquillas eran "propiedad del Ayuntamiento", pero ha alegado que un intendente de la Policía Local le dijo que "podía disponer de ellas" al ser ya "inservibles". En su declaración, ha admitido que su cuñado le "entregó" parte del dinero cosechado con la operación y que durante los cuatro días por lo que se prolongó la retirada de las taquillas, observó como "personal del Ayuntamiento realizaba labores como desmontar puertas, pasamanos, aires acondicionados y otros efectos", toda vez que el 10 de junio el edificio habría quedado "sin vigilancia propia de la Policía Local".

El intendente, de su lado, reconoce en su testimonio ante la Policía Nacional que "previa petición" del agente ya mencionado, le "autorizó a disponer de las taquillas para lo que tenga a bien hacer, a título privado y con sus medios", alegando desconocer el resto del asunto. Manifiesta también el intendente que "en las labores de desalojo del edificio intervinieron también el servicio de Edificios Municipales del Ayuntamiento, que desmontó y trasladó objetos tales como luminarias, cableado, bases de enchufe, accesorios de cuartos de baño, aparatos de aire acondicionado", etcétera.

Espadas reclama una "aclaración rotunda"

Pues bien, este jueves, Juan Espadas ha celebrado una rueda de prensa en la que ha lamentado el "silencio sepulcral" del Gobierno municipal del PP desde que "hace casi seis meses" sucediesen los hechos relatados. Espadas ha criticado, en ese sentido, que este "silencio" haya corrido paralelo a un requerimiento emitido el 26 de septiembre de 2012 por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla reclamando al Ayuntamiento "si fue autorizada alguna persona física o jurídica a retirar material inservible de las dependencias, indicando la fecha en la que entregaron la posesión a la entidad 'Prodetea' y a quien autorizaron para desmontar y trasladar todo lo reutilizable y el destino de estos objetos", según el documento oficial que recoge Europa Press.

Dado el caso, Espadas ha reclamado una "aclaración rotunda", toda vez que los socialistas han solicitado, para el pleno ordinario de este viernes, la comparecencia expresa del delegado de Movilidad y Seguridad, Demetrio Cabello. Y es que merced al contenido del mencionado atestado, Espadas atisba una "clara negligencia del deber de custodia de los bienes municipales", dado que las instalaciones habrían quedado sin vigilancia el 10 de junio, y teme un "expolio institucional organizado" a cuenta del argumento del agente y el intendente de la Policía Local acerca de que un equipo de operarios municipales se encargó de desmantelar las instalaciones.

Porque las instalaciones, como ha manifestado Espadas, han sufrido un "expolio" en toda regla con "el desmantelamiento de puertas y ventanas, la rotura de cristales, escombros o destrozos en los ascensores". "Esos daños son el procedimiento habitual en los desalojos de edificios municipales", se ha encogido de hombros el portavoz socialista, quien considera que es necesario esclarecer "quien autorizó" a los miembros de la Policía Local y quien supervisó la actuación de los servicios municipales en la evacuación de estas instalaciones. "Muy probablemente, se derivaran responsabilidades políticas", ha augurado.