Los sindicatos con representación en la Administración de Justicia —STAJ, CSIF, CCOO, UGT, y SPJ-USO—, han expresado este jueves su rechazo a la decisión de la la Junta de Andalucía de suprimir, a partir del próximo día 1 de febrero, la atención al ciudadano que se prestaba en horario de tarde desde los registros civiles de la comunidad, que permanecerán cerrados al público desde dicha fecha en esa franja temporal, lo que conllevará un "notable perjuicio" para la ciudadanía.

Según han informado dichos sindicatos en una nota conjunta, la Junta ha adoptado dicha decisión de forma "unilateral" y "alegando motivos económicos" en el transcurso de la Mesa Sectorial de Justicia celebrada este miércoles, pese a contar con el rechazo "de todos los sindicatos" presentes en ese encuentro.

Las organizaciones sindicales no entienden el motivo esgrimido por el Gobierno andaluz para justificar esta decisión, ya que, según han indicado, el coste de este servicio durante 2013 —que cifran en 2,3 millones de euros— "estaba ya presupuestado y aprobado en 2012 en una ley de hace tan sólo 23 días por el Parlamento andaluz con ésta y no otra finalidad", una partida que los sindicatos no saben "a qué fin" va a destinar ahora la Administración regional.

Por eso, tachan de "llamativa" e "inexplicable" la decisión que "perjudicará a los ciudadanos que hasta ahora han podido acudir por las tardes a los registros civiles de Andalucía a fin de evitar las largas colas que, cada vez con más frecuencia y tamaño, se forman en horario de mañana en estos órganos".

Entre los colectivos que resultarán "especialmente perjudicados" por este cierre, los sindicatos citan a las personas mayores, que "acudían por la tarde para los certificados de 'fe de vida' y que en poco más de cinco minutos eran atendidos, cuando esta misma gestión por la mañana conlleva horas de espera", así como "aquellos ciudadanos que por motivos laborales no pueden acudir en horario de mañana, y que han venido realizando la solicitud de certificaciones de forma telemática con objeto de recogerlas ya cumplimentadas por la tarde".

Además, a juicio de estas organizaciones, la medida "supondrá un nuevo recorte de retribuciones al personal de la Administración de Justicia de Andalucía", al que, según han lamentado, "ya se le iba a recortar en 2013 otro cinco por ciento de su salario", y "conllevará una inevitable dilación y retraso en temas tan importantes como los datos registrales de los 'niños robados', que ha de hacerse forzosamente de forma manual".

Por todo ello, los cinco sindicatos que suscriben la nota conjunta, tras subrayar que jueces y secretarios judiciales de la comunidad habían remitido "decenas de informes" solicitando que no se tomara esta medida, acaban culpando a la Junta de "poner su granito de arena en la carrera por desmantelar este servicio público", una tarea que, en su opinión, "pretende culminar el Gobierno central con la privatización de los registros civiles en toda España para dejarlos en manos de notarios y registradores de la propiedad".