La Fiscalía Anticorrupción pide tres años de cárcel para el ex conseller Cartagena por un presunto delito fiscal

  • Por el caso de las ´primas únicas´.
  • Fue condenado en 2002 a cuatro años por apropiarse de la donación de 49.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante solicita en su calificación provisional tres años de cárcel para el ex conseller de Obras Públicas y ex alcalde de Orihuela (Alicante), Luis Fernando Cartagena, por un presunto delito contra la Hacienda Pública por el caso de las 'primas únicas', que ha instruido el juzgado número 4 de Orihuela.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha realizado esta petición después de que el pasado mes de agosto la juez oriolana encargada del caso cerrara la instrucción e instara a las partes a que presentasen el escrito de calificación inicial, de acuerdo con la misma información.

La investigación judicial se remonta a 1992, cuando la Audiencia Nacional empezó a investigar a 168 personas por el caso de las 'primas únicas'.

Sin embargo, la causa contra Luis Fernando Cartagena se incluyó de forma separada, ya que era diputado autonómico del PP y alcalde de Orihuela, por lo que era aforado.

Cartagena posteriormente ocupó en 1995 el cargo de conseller de Obras Públicas, nombrado por el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, aunque dimitió de este puesto en marzo de 1998 al conocerse su procesamiento por las cesiones de crédito.

Finalmente, el juzgado de instrucción número 4 de Orihuela se hizo cargo de la investigación, --después de que la Audiencia Nacional determinara que la competencia le correspondía a este órgano porque en esta ciudad supuestamente se cometió el delito fiscal--, instrucción que concluyó el pasado mes de agosto.

Ahora, Felipe Briones ha pedido en su escrito de calificaciones tres años de cárcel para el ex conseller por un presunto delito contra la Hacienda Pública.

La condena de 2002

Luis Fernando Cartagena ya fue condenado en 2002 por la Audiencia de Alicante a cuatro años de cárcel por apropiarse de la donación de 49.000 euros que realizó una congregación religiosa y que procedía de los sobrantes de la gestión del asilo de Orihuela, que fue cerrado.

Cartagena no registró este dinero en las arcas municipales y después presentó una serie de facturas realizadas por el empresario Ángel Fenoll, que según la sentencia eran falsas.

Tras la condena, ratificada por el Tribunal Supremo en 2004, Cartagena pidió el indulto, que en estos momentos está siendo tramitado, y que debe ser examinado por el Consejo de Ministros.

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