El grupo del PSE en las Juntas de Gipuzkoa ha registrado una propuesta de resolución en esta Cámara, a través de la cual pide al Parlamento guipuzcoano que denuncie y rechace la aplicación del copago farmacéutico e inste al Gobierno vasco a que "mediante medios legales y presupuestarios, asuma el gasto para compensar el desembolso económico al que se van a ver sometidos los vascos".

En un comunicado, la portavoz socialista en las Juntas guipuzcoanas, Rafaela Romero, ha explicado que su formación está "frontalmente" en contra el copago farmacéutico, por ser una medida "injusta e ineficaz", que ha alertado tendrá "graves" consecuencias para el sistema público de salud vasco.

A su juicio, los socialistas no pueden mantenerse "en silencio, cómplices de una medida que impone el pago de servicios de la Sanidad pública a la ciudadanía, también a la guipuzcoana, que no busca la sostenibilidad del sistema, ni el equilibrio de las cuentas públicas y reparte, de forma injusta, los sacrificios ante la crisis".

Romero ha opinado que la medida que trata de "imponer" el Gobierno central "invade competencias propias del País Vasco en materia sanitaria, limitando de forma antijurídica su autogobierno".

Por eso, se ha mostrado convencida de que el Gobierno vasco deberá seguir "agotando todas las vías legales y judiciales para defender esta competencia propia".

Además, ha pedido al Ejecutivo vasco que "mantenga" el sistema vasco de Salud, que es un "referente en el mundo y motivo de orgullo para los vascos" como un "objetivo estratégico y de país".

En la propuesta de resolución registrada por los socialistas guipuzcoanos, las Juntas denuncian y rechazan la aplicación del copago farmacéutico al entender que esta medida "ataca los principios esenciales del Estado del Bienestar, y en concreto, el del derecho a una sanidad gratuita y universal, así como por suponer una invasión competencial del ámbito de autogobierno vasco".

Además, las Juntas de Gipuzkoa instan al Gobierno vasco mediante los medios legales y presupuestarios oportunos, a asumir el gasto para compensar el desembolso económico al que se vean obligados los colectivos sociales "más vulnerables y con menos recursos, por causa del recorte de derechos sociales que supone la imposición del copago farmacéutico".