La separación de la Iglesia y el Estado y la financiación de la institución religiosa es un debate abierto que no parece tener fin. Esta cíclica polémica alcanza su cúspide cada año en España cuando llega la hora de la declaración de la renta y marcar (o no) la famosa casilla. Sin embargo, recurrir a los impuestos no es la única forma de cooperación económica entre ambos organismos.

En Europa, existen dos formas de financiación de las confesiones religiosas, según detalla Alejandro Torres Gutiérrez, catedrático de Derecho Público en la Universidad de Navarra, en su publicación La financiación de las religiones en el espacio europeo del año 2011:

Financiación directa: esta vía implica que es el propio Estado el que respalda a través de una dotación presupuestaria las diferentes religiones, especialmente las de mayor tradición y arraigo social. Es el caso de la mayoría de países del Este, Bélgica, Grecia y Luxemburgo. Este método también incluye la asignación tributaria, que en el caso de España se plasma en esa polémica casilla para destinar un porcentaje de la aportación de cada contribuyente a favor de la Iglesia católica.

Además, la financiación directa incluye el 'impuesto eclesiástico', un tributo creado específicamente para aquellos contribuyentes que quieran sostener económicamente la Iglesia. Esta tasa puede partir directamente del Estado, como ocurre en Dinamarca o Finlandia, donde los obispos y sacerdotes reciben su salario del erario público; o la Hacienda estatal puede servir únicamente como organismo recaudador, como en Alemania.

Financiación indirecta: los beneficios y exenciones fiscales son los métodos más comunes de financiación indirecta de la Iglesia. Por ejemplo, se conceden incentivos tributarios a aquellas personas o empresas que realicen donaciones a instituciones religiosas, a través de deducciones del IRPF o del impuesto de sociedades.

"Es la solución que menos problemas aporta desde el punto de vista del principio de laicidad del Estado", asegura Alejandro Torres. Francia es el país que mejor ilustra esta vía de financiación, desde la ley que promulgaron en 1905 y que prohíbe expresamente la financiación directa de las confesiones religiosas.

"Para una plena realización de los principios de laicidad, neutralidad y separación Iglesia-Estado, sería preciso que los modelos de financiación de las confesiones religiosas descansaran sobre el esfuerzo de los fieles y no de los Estados", defiende el catedrático.

Pese a que la Iglesia católica se ha fijado desde hace años el objetivo de encaminarse hacia la autofinanciación, el avance hacia esa meta ha sido prácticamente inapreciable. "Ni el Estado ha recordado a la Iglesia este compromiso, en todo este tiempo, ni ésta se ha esforzado en mentalizar a sus fieles, para qué, cuando es el Estado quien paga", asegura Torres en el estudio. Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española (CEE) asegura que "la Iglesia continua dando pasos inequívocos para lograr por su misma recursos suficientes para su sostenimiento, tal y como lo establecen los acuerdos".

El sistema de financiación directa de la institución católica en España a través de la asignación tributaria implica una "minoración de los ingresos públicos". Es decir, mientras que en países como Alemania el Estado recauda el 100% del impuesto de la renta y aquellos fieles que lo deseen pueden aportar entre un 8% y un 10% extra (el tributo eclesiástico), en nuestro país Hacienda solo se queda con el 99,3% del IRPF. El porcentaje restante puede destinarse a la Iglesia o a fines sociales.

Fue en 2006, durante la primera legislatura de Zapatero, cuando ese porcentaje subió de un 0,5% hasta un 0,7%. A cambio, la Iglesia renunció al dinero que recibía del Estado a través de los Presupuestos Generales, una reforma "equilibrada" desde el punto de vista del catolicismo.

La recaudación de esta polémica casilla, que ascendió a casi 250 millones de euros en 2011, "se destina, de manera conjunta con el resto de ingresos, a cubrir las necesidades básicas de las Iglesia; es decir, mantener a los sacerdotes, realizar la misión pastoral de evangelizar y vivir la fe y atender la inmensa labor asistencial para con los demás", asegura Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario general de la Conferencia Episcopal para asuntos económicos.

Además, la Iglesia católica disfruta de exenciones fiscales y numerosas ventajas en cuestiones no solo tributarias. "En España hay cerca de 100.000 eclesiásticos que no están obligados a pagar el IBI de sus viviendas", explica Alejandro Torres, quien defiende que el sistema de autofinanciación de la Iglesia católica es viable. "Haciendo un cálculo aproximado, cada fiel tendría que pagar 25 euros al año, unos 50 céntimos por cada misa de domingo, para sufragar todos los gastos", asegura.

"En menor medida, la Iglesia se financia con los rendimiento de patrimonio para los fines propios de la Iglesia, así como mediante prestaciones de servicios, convenios, etc., en régimen equiparado a cualquier otra entidad no lucrativa", aseguran desde la CEE.