El Fondo Social de Viviendas, ideado para dar alojamiento a las familias que se hayan visto afectadas por desahucios, comienza a andar. Esta semana recibirá los primeros inmuebles de los bancos y cajas que colaboran; serán 6.000 viviendas, de las que las cajas de ahorros aportan más de 3.000.

La Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) firmarán esta semana con el Gobierno la cesión de los 6.000 inmuebles que formarán parte del Fondo Social de Viviendas.

El Fondo estará constituido por 6.000 viviendas, de las que la CECA aportará más de 3.000. Las viviendas restantes procederán de los bancos. Los primeros cálculos apuntan a que el BBVA cederá 899 casas al fondo social; Santander, 427 viviendas; Banesto, 143; Santander Consumer, 18, y Banif, 2.

Por su parte, Popular aportará alrededor de 330 pisos; Bankinter, 100; Barclays, 142; Sabadell, 138, Banco de Valencia, 93; Deutsche Bank, 87; Crédit Agricole, 33; ING Direct, 33; Lloyd's, 20; Banca March, 6; Targobank, 5; Pichincha, 6, y Bancoa y Banco Gallego, 3.

En virtud del convenio, los servicios sociales de ayuntamientos y diputaciones serán los que emitan, a petición de la entidad de crédito, un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de la vivienda, al objeto de priorizar entre los demandantes. El plazo para la emisión del informe será de quince días.

Tal y como informó el Ministerio de Economía, las entidades financieras fijarán mensualidades de "escasa cuantía" para alquilar estas casas. El precio oscilará entre los 150 y los 400 euros al mes, con un máximo del 30% de la renta total neta de la unidad familiar. Los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogable a uno más, salvo que la familia deje de cumplir alguno de los requisitos estipulados.

A estas casas podrán acceder personas que hayan sido desalojadas de su primera vivienda a partir del 1 de enero de 2008 y que, además, se encuentren en "situación especial de vulnerabilidad social".

Los beneficiarios deberán contar con unos ingresos familiares inferiores a tres veces el IPREM (en torno a los 19.000 euros anuales) y no poseer una vivienda en propiedad.

En la firma de este convenio también participará la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), encargada de las labores de valoración de los beneficiarios del fondo, que se pondrá en marcha a partir del próximo 31 de marzo.