La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar la próxima semana a cinco miembros de un grupo organizado, supuestamente, dedicado a robar vehículos y a la manipulación de matrículas y bastidores; y a los que intervinieron, además de varios coches con esos datos alterados, armas y documentación falsificada. La Fiscalía pide inicialmente más de 87 años de prisión en total.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, las funciones de "liderazgo" las tenía uno de los acusados y formaban parte de la dirección su novia y su hermano, ambos también procesados. Además, hay otras dos personas acusadas y todas son extranjeras. El comienzo de la vista oral se ha fijado para el próximo lunes día 14 en la Sección Primera y se prevé que se prolongue toda la semana.

La acusación pública señala en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, que los acusados formaban el grupo estructurado desde 2004 a 2008 y venían desarrollando "una serie de actividades delictivas consistentes en sustracción de vehículos, manipulación de sus placas de matrículas y número de bastidor, tenencia de armas ilegales o falsificación de documentos".

Según la Fiscalía, éstos tenían una infraestructura estable de "viviendas habitadas por unos y otros, vehículos previamente sustraídos con placas de matrículas o número de identificación alterados o directamente sustituidos". Además, también disponían de documentación falsificada para "dificultar la labor policial y facilitar la comisión delictiva".

Así, se intervinieron varios vehículos que fueron sustraídos, dos de ellos en 2008 en las localidades malagueñas de Antequera y Rincón de la Victoria; y un tercero alquilado en Toulouse (Francia) sin que fuera devuelto. Estos coches, apunta el ministerio público, eran utilizados por algunos de los acusados y, supuestamente, tenían alteradas las matrículas y otros datos identificativos.

Además, el fiscal señala que en los registros practicados se intervinieron armas como una porra metálica extensiva, que está prohibida; una pistola semiautomática o un subfusil, así como casi un centenar de cartuchos. También se incautaron de 3.497 billetes falsos de 500 euros, que suponen más de 1,7 millones de euros; hechos objeto de enjuiciamiento por la Audiencia Nacional.

Asimismo, a los procesados se les intervinieron al menos seis pasaportes de distintas nacionalidades a nombres diferentes pero con la fotografía de alguno de los acusados, así como siete permisos de conducir, según las conclusiones iniciales, igualmente "manipulados o alterados por los acusados en sus elementos para inducir a error a cerca de su autenticidad" y para "facilitar la actividad delictiva".

La Fiscalía les acusa por los delitos de asociación ilícita, por robo con fuerza, por falsedad documental y por depósito de armas de guerra, aunque en distinto grado, ya sean los considerados directores de la organización o los miembros y cooperantes. Por tanto, las penas oscilan entre los 20 años de prisión solicitados para el principal acusado y los casi 14 años para los colaboradores.