El exedil de Urbanismo de Benidorm denuncia la falsificación de su firma en 5 cédulas de ocupación de 2008

El concejal del Grupo Municipal del PP de Benidorm (Alicante), José Ramón González de Zárate, ha presentado este viernes una denuncia en el juzgado de guardia de la localidad por la presunta falsificación de su firma en las cédulas de segunda ocupación de cinco viviendas concedidas en 2008, cuando el denunciante era edil de Urbanismo, según ha informado en un comunicado el citado grupo municipal.

El concejal del Grupo Municipal del PP de Benidorm (Alicante), José Ramón González de Zárate, ha presentado este viernes una denuncia en el juzgado de guardia de la localidad por la presunta falsificación de su firma en las cédulas de segunda ocupación de cinco viviendas concedidas en 2008, cuando el denunciante era edil de Urbanismo, según ha informado en un comunicado el citado grupo municipal.

En la denuncia, González de Zárate mantiene que "son falsas" las firmas que constan en las cédulas de segunda ocupación del expediente 72/08, de las viviendas 11C, 12B, 12C, Bajo A y 10 A, concedidas el 26 de agosto de 2008, y con registro de salida el 29 de agosto de 2008.

En el relato de los hechos que recoge su denuncia, detalla también que los números de registro que aparecen en el sello de Registro de Salida del Ayuntamiento "también son falsos y no se corresponden al documento veraz que figura en el Libro de Registro de Salida del Ayuntamiento de Benidorm".

Tras revisar todas las comisiones informativas de Urbanismo del año 2008, el exedil ha podido comprobar que "no aparece por ningún lado, ninguna de estas cédulas, lo cual significa que no existió informe técnico, ni jurídico, y significa también que no se ha seguido reglamentariamente todo el proceso".

Por ello, solicita llamar como testigos a nueve funcionarios municipales, a la propietaria del edificio y al arquitecto autor del proyecto.

Fiscalización de las licencias

Así mismo, ha defendido que durante todo el periodo en que fue concejal de Urbanismo "todas las licencias de ocupación, obras y apertura eran dictaminadas por la comisión informativa de Urbanismo y se sometían al preceptivo control de fiscalización y dictamen de los técnicos, tras lo cual era aprobadas por el alcalde una vez oída la Junta de Gobierno".

Además, ha aclarado que "todos los expedientes iban acompañados de los correspondientes y preceptivos informes técnicos y jurídicos", procedimiento de trabajo que el gobierno del PP adoptó en 2007 y que "Agustín Navarro suprimió en cuanto empezó a gobernar".

"Todas las licencias de ocupación, todas las licencias de obras, todas las licencias de apertura y todas las cédulas de habitabilidad pasaban por comisión informativa con informe jurídico, informes técnicos de ingeniería, arquitectura y de infracciones urbanísticas", ha recordado.

Así, estos documentos "no pasaron por Comisión, ni por Junta de Gobierno, ni se hizo el decreto desde Secretaria, ni se dio licencia de ocupación, ni se llevó al Registro".

El edil ha detallado que existe abundante documentación oficial sobre este expediente sancionador iniciado por el propio González de Zárate como concejal de Urbanismo en 2008, que consta de oficios, decretos, notificaciones denegando la licencia de ocupación y poniendo infracciones urbanísticas o paralizando obras.

A lo largo de este proceso, el propietario de las viviendas presentó cinco alegaciones y "nunca dijo que estuviera en posesión de la cédula de segunda ocupación".

No obstante, en la que presentó en noviembre de 2012, "sí lo hizo cuando le notificaron la sanción", ha indicado el exedil de Urbanismo, quien se ha preguntado si es "en esas fechas cuando se hicieron esos papales falsos".

Responsabilidades políticas

Además, el edil también ha pedido responsabilidades políticas al gobierno de Agustín Navarro y Gema Amor por ser también conocedores de la comisión de un delito público "y no haberlo denunciado inmediatamente al ministerio fiscal, al tribunal competente o al juez de instrucción", tal y como están obligados a hacer los cargos públicos.

"No entiendo que el Ayuntamiento de Benidorm, con mas de 700 funcionarios y 14 concejales de gobierno y con más de 21 cargos de confianza, no hayan llevado el tema al juzgado o al fiscal, ni hayan abierto un expediente de investigación cuando son conocedores de estos hechos desde el pasado lunes", ha señalado.

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