El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ourense tomará declaración el día 31 de enero a varios testigos convocados en relación con la investigación de 104 contratos laborales firmados en 2010 por el entonces presidente de la Diputación, José Luis Baltar, que declarará en febrero. Además, este viernes llegó al juzgado la primera "acusación popular" a cargo de la organización Manos Limpias.

Fuentes jurídicas y alguno de los convocados explicaron a Europa Press que el día 31 de enero habrá declaraciones en calidad de testigos de 4 jefes de servicio, un grupo de 9 trabajadores contratados y 2 personas más en calidad de técnicos, en total 15 personas entre las que se encuentran el secretario, Francisco Cacharro Rosende, y el jefe de personal, José Luis Suárez.

El querellado José Luis Baltar declarará en febrero, pero sus representantes legales aún no recibieron la notificación por lo que no conocen la fecha.

La Fiscalía de Ourense es la autora de la querella por un supuesto delito continuado de prevaricación en relación a contratos temporales a principios del año 2010, en las que según el auto judicial, Baltar pudo actuar "prevaliéndose de su condición de presidente de la Diputación, sin seguir ninguno de los procedimientos legalmente previstos a tal efecto" y ejercerá la acusación del Ministerio Público.

El proceso también contará, desde este viernes, con "acusaciones populares" si son admitidas por el juez la presentada hoy por el sindicato Manos Limpias y la que aún está en preparación por parte del PSOE.

Manos limpias

Manos Limpias ha presentado su escrito de personación, al que tuvo acceso Europa Press y en el que alude, como motivos de su acción, a la defensa que ejerce el colectivo de los derechos de los trabajadores públicos "sean funcionarios o laborales" y que, en sus estatutos, tiene como fin "la defensa de la legalidad, del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción".

En el escrito, el sindicato con sede en Madrid alude a la presunción de "corrupción político-administrativa que incide penalmente en prevaricación y tráfico de influencias en el acceso a la Función Pública, puesto que se han transgredido los principios de mérito, capacidad y publicidad establecido en el texto constitucional y en las leyes de este ámbito".

El escrito remata con la petición de que se admita su personación como "acusación popular". Otra posible acusación particular, anunciada por el PSOE, aún no está rematada y hoy mismo se reunirán abogados y dirigentes para estudiar las posibilidades, según explicó a Europa Press el portavoz socialista de la Diputación José Ignacio Gómez.

Pleno extraordinario

En el ámbito político, la Diputación ha convocado para el día 18 de enero el pleno extraordinario pedido por el PSOE en el que solicitarán la apertura de una comisión de investigación sobre el tema que ya está en el juzgado.

Según Gómez, el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, José Manuel Baltar "no debería tener reticencias para aprobar la comisión ya que igual que colaborará con la Justicia".

"Debería permitir la evaluación política de las actuaciones en tema laboral porque la renuncia del expresidente Baltar no implica que las responsabilidades políticas estén resueltas, porque hasta ayer mismo fue militante del PP y por darse ahora de baja no aleja a su partido de este tema", ha remarcado.