El capitán de la empresa rescatadora Smit Salvage, Wytse Huismans, ha afirmado este martes que el Prestige se podría haber salvado si horas después del accidente que sufrió el 13 de noviembre de 2002 frente al litoral gallego se hubiese "protegido" en una zona de abrigo como las ensenadas de Fisterra o Corcubión.

Huismans embarcó en el Prestige el 15 de noviembre de 2002, dos días después de que el petrolero zozobrara en medio de un fuerte temporal y tras la decisión de la armadora del buque de contratar a la empresa Smit Salvage para tratar de salvar el barco y las 77.000 toneladas de fuel pesado que transportaba en sus tanques.

Este experto en salvamento de buques en dificultades ha comparecido como testigo ante el tribunal que juzga los daños causados por el vertido del Prestige, ante el que ha cuestionado el rumbo noroeste que tomó el barco tras el siniestro y ha explicado que trató de llevarlo hacia el sur a aguas "más tranquilas".

No obstante, ha señalado que, una vez a bordo y evaluados los daños, comprobó que no iba a ser posible conducirlo a Gibraltar o Cabo Verde como se proyectó inicialmente, una vez descartada la opción de llevarlo a un puerto refugio en Galicia. También ha opinado que forzar la navegación del barco pese al deterioro sufrido forzó que se acrecentaran los daños estructurales y que finalmente se partiera y se hundiera, lo que ocurrió el 19 de noviembre.

Huismans ha defendido que con el barco fondeado y abrigado en una rada se habría podido intentar un trasvase de la carga, al menos de forma parcial, y ha remarcado que si se hubiese protegido horas después del accidente el Prestige se podría haber salvado.

España ha gastado en diez años casi 31 millones de euros en litigios en Estados Unidos por el hundimiento del Prestige, sin lograr ni un dólar de la indemnización que exigía a ABS, la compañía clasificadora que autorizó navegar al petrolero que se hundió en 2002 frente a la costa gallega.

Así lo ha denunciado el diputado de IU Gaspar Llamazares, a raíz de una respuesta parlamentaria que ha recibido del Gobierno, en la que el Ejecutivo le indica que "no es posible desglosar los recursos económicos dedicados" al restos de procedimientos judiciales que se han seguido en España, Francia y ante instancias comunitarias.

La respuesta escrita a Llamazares señala que en lo referente a las actuaciones en Estados Unidos, la Administración del Estado ha actuado, en un primer momento, a través del despacho Holland and Knight y, posteriormente, del despacho Squire Sanders, al que se incorporó el equipo jurídico contratado inicialmente por España.

A continuación, explica que el importe total de lo abonado hasta diciembre de 2012 asciende a 30.925.536,92 euros. Tras dar a conocer estos datos, Llamazares ha subrayado que a esos casi 31 millones hay que sumarles el coste de informes, viajes, dietas y asesorías externas relativos a la asistencia jurídica al Estado en el resto de pleitos seguidos tanto en España como en Francia, así como en otras instancias legales comunitarias, incluido el juicio que se sigue en estos momentos en Galicia.