El Gobierno dispondrá antes del verano de una estrategia de regeneración democrática que impulsará la transparencia y el Gobierno 'abierto', fomentará la participación ciudadana en la tramitación de las leyes y más contactos entre parlamentarios y electores, acometerá una simplificación normativa y revisará el actual plan de derechos humanos.

El objetivo es mejorar la imagen de la clase política, acercándola al ciudadano, y apostar por una democracia "eficiente".

"Esta estrategia responde a la inquietud del propio Gobierno ante la percepción de un cierto distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones", ha declarado el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, que lleva varios meses trabajando en 'reconciliar' a los ciudadanos con la clase política, que ha llegado a convertirse en la tercera preocupación de los españoles según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Pendás ha señalado que lo que se persigue es "acercar la sociedad a los políticos y que se rompa esa imagen de la clase política un poco distante y que es ajena a las realidades".  También es clave, ha proseguido, "la idea de democracia eficiente" porque la gente "lo que quiere es que los políticos les resuelvan problemas reales y no que les creen problemas artificiales".

La primera iniciativa es la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que ya está en trámite parlamentario en el Congreso. Pendás considera que esta norma constituye "un cambio en la cultura democrática enorme". "Es un cambio decisivo para que los poderes públicos se acostumbren al Gobierno abierto", ha añadido.

Asociaciones y colectivos sociales podrán dar su opinión durante la tramitación parlamentaria de los principales proyectos de ley. Según ha precisado, se trataría de que en el Congreso y en el Senado se estableciera "un trámite de audiencia para que los sectores sociales interesados transmitieran a los parlamentarios cuáles son sus problemas e inquietudes".

Otra de las iniciativas pasa por hacer una "evaluación de la aplicación de las leyes pasado un cierto tiempo, que podría ser dos años". "En España tenemos un poco la costumbre de creer que llenas el Boletín Oficial del Estado de páginas y ya está todo arreglado. Tenemos un problema y hacemos una ley", ha dicho.

Otro de los puntos de esta estrategia consiste en "mejorar la calidad de las leyes", ya que hay "un clamor" tanto en el ámbito jurídico como en sector empresarial e inversor de que en España hay un "ordenamiento muy complicado y disperso", con una legislación "a veces confusa y contradictoria".

Para ello presentarán al Gobierno "un plan que codifique por sectores el ordenamiento jurídico", con el fin de que "se eliminen normas que sobren, se aclare lo que está en vigor y lo que no".

El director del CEPC ha indicado que también están estudiando la idea de "facilitar las reuniones entre los diputados y senadores, y sus electores", de forma que si un "grupo de presión" tiene algo que manifestar lo diga públicamente "con luz y taquígrafos".

También se incluye un nuevo Plan de Derechos Humanos que "actualice" el Título I de la Carta Magna pero sin necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, ya que en el momento actual han surgido nuevos problemas con las nuevas tecnologías e Internet.

"Estoy empezando a reunir a grupos de expertos en esa materia y estamos sobre todo pensando en los estándares de la UE, del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha avanzado el director del CEPC, que ha confirmado que este plan estará listo "antes del verano". Una vez terminado se remitirá al Gobierno para que lo apruebe en Consejo de Ministros y después lo remita al Congreso.